La Fiscalía General de la Nación confirmó la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculados a la cadena Lili Pink, en medio de una investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Las diligencias se realizaron en 59 municipios de 25 departamentos, con apoyo del CTI y del Ejército Nacional.
¿Qué pasará con las tiendas?
Según la Fiscalía, los locales y activos afectados seguirán funcionando mientras avanza el trámite ante los jueces de extinción de dominio. La administración de los bienes pasará a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad encargada de manejar activos ocupados por el Estado.
El ente acusador explicó que las propiedades “continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social” durante el proceso. Esto significa que, por ahora, las tiendas podrán permanecer abiertas, vender productos y mantener su operación comercial, salvo decisiones posteriores de la SAE o de los jueces competentes.
Lo que dice la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que detrás de la operación comercial habría existido un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel usado para ingresar mercancía de manera irregular al país y darle apariencia de legalidad. Según el ente investigador, las maniobras buscaban evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero.
De acuerdo con la investigación, el presunto lavado de activos ascendería a más de 730.000 millones de pesos, mientras que el posible enriquecimiento ilícito superaría los 430.000 millones. La Fiscalía también mencionó decomisos y aprehensiones de mercancía por más de 54.000 millones de pesos y un posible contrabando superior a 75.000 millones.
Así habría funcionado la red
La hipótesis judicial apunta a que mercancía como prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos habría ingresado al país sin cumplir plenamente los controles aduaneros. Luego, esos artículos habrían sido distribuidos en el mercado nacional a través de una red comercial con apariencia formal.
La Fiscalía informó además que obtuvo órdenes de captura ante un juez de control de garantías de Bogotá, con fines de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Esas órdenes están en proceso de materialización y judicialización.
Pronunciamiento de la empresa
Lili Pink afirmó que está atendiendo el proceso con sus asesores legales y las autoridades correspondientes. La compañía pidió proteger la marca, sus empleos y su operación, al señalar que tiene más de 20 años de trayectoria y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Presunción de inocencia
Las medidas de extinción de dominio no equivalen a una condena penal. El proceso busca determinar si los bienes tienen origen ilícito o fueron utilizados para actividades ilegales. Mientras tanto, la justicia deberá definir responsabilidades y decidir si los activos continúan bajo administración estatal o regresan a sus propietarios.