Las recientes denuncias sobre amenazas contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella volvieron a poner en el centro del debate la seguridad de los aspirantes de oposición en Colombia. Las alertas se conocieron en medio de una campaña marcada por la polarización política, los cuestionamientos sobre las condiciones para hacer proselitismo en algunas regiones y los llamados a reforzar la protección estatal.
En el caso de Paloma Valencia, la nueva alarma fue encendida por el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró haber recibido información de interlocutores del ELN sobre un supuesto plan para atentar contra la candidata del Centro Democrático. Según Uribe, los señalados de estar detrás de ese presunto plan serían los cabecillas conocidos como “Pablito” y Antonio García.
Uribe escribió: “Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”. Hasta el momento, esa denuncia se conoce como una alerta pública formulada por el exmandatario y no como una conclusión judicial oficial.
La advertencia sobre Paloma Valencia se suma a otras intimidaciones denunciadas en los últimos días. De acuerdo con reportes periodísticos, en la campaña circularon incluso imágenes de coronas fúnebres con los nombres de Valencia y de Abelardo de la Espriella, un hecho que elevó la preocupación por el ambiente de violencia política alrededor del proceso electoral.
Abelardo de la Espriella denuncia falta de garantías para hacer campaña
En paralelo, el candidato Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, Juan Manuel Restrepo, han venido insistiendo en que no existen condiciones iguales para todos los sectores políticos a la hora de hacer campaña en el país. Restrepo aseguró que hay zonas donde algunos aspirantes no pueden entrar por razones de seguridad, mientras otros sí tendrían margen para movilizarse.
En declaraciones conocidas este 17 de abril, Restrepo afirmó: “Yo creo que es muy importante seguir prestando las garantías de seguridad a los candidatos presidenciales. Están bien los esquemas de seguridad, pero hay territorios del país que los candidatos no pueden visitar”. Luego fue más allá y sostuvo: “Mientras el señor Iván Cepeda sí puede visitar todos los departamentos del país (…), hay otros que no podemos hacer eso”.
El aspirante vicepresidencial también planteó dudas sobre el comportamiento electoral en territorios con presencia de estructuras ilegales. Según dijo, “¿Por qué en esos territorios donde hay control territorial de las mafias, las votaciones son atípicamente altas para el Pacto Histórico?”, una afirmación que introduce cuestionamientos políticos sobre las condiciones del proceso electoral, aunque no va acompañada en ese reporte de pruebas judiciales concluyentes.
La campaña de Abelardo de la Espriella ya había denunciado en febrero un supuesto plan del ELN para atentar contra el candidato y afectar sedes de campaña en distintas ciudades del país. Según esa versión, la advertencia fue recibida mediante una llamada anónima.
Qué dijo Paloma Valencia
Paloma Valencia también reaccionó al pronunciamiento internacional sobre las amenazas. La candidata cuestionó que, a su juicio, un gobierno extranjero haya expresado mayor preocupación por la seguridad de los candidatos que el propio Ejecutivo colombiano. En esa reacción pública, Valencia dejó entrever su inconformidad con la respuesta interna frente a las alertas.
En ese contexto, la seguridad de Valencia y de De la Espriella pasó de ser un asunto de denuncias partidistas a un tema con eco internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó esta semana su “profunda preocupación” por las amenazas contra ambos candidatos y condenó cualquier intimidación o violencia dirigida contra aspirantes políticos en Colombia.
Además, un alto funcionario estadounidense, Michael Kozak, advirtió ante el Congreso de ese país que quienes intenten amenazar o atentar contra candidatos presidenciales en Colombia enfrentarían “terribles consecuencias”, en una señal de seguimiento internacional al clima de seguridad que rodea la contienda.
Un debate más amplio sobre la oposición y la campaña
Las denuncias de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se conocen en un momento en que distintos sectores políticos vienen reclamando garantías electorales plenas, especialmente para candidatos que se presentan como oposición al Gobierno. En ese escenario, los señalamientos no se limitan a amenazas individuales, sino que incluyen denuncias sobre restricciones territoriales, miedo para hacer campaña y desigualdad en las condiciones de movilización.
Por ahora, las autoridades no han hecho público un reporte detallado que confirme de manera independiente el supuesto plan de magnicidio denunciado por Uribe contra Paloma Valencia, ni los detalles completos de las amenazas reportadas por la campaña de De la Espriella. Lo que sí está claro es que las advertencias ya escalaron a un nivel político y diplomático que obliga a reforzar la discusión sobre seguridad, garantías democráticas y protección efectiva de todos los candidatos.
En medio de ese panorama, las campañas de Valencia y De la Espriella insisten en que el país necesita condiciones reales para hacer política sin miedo.