La Fiscalía General de la Nación anunció la suspensión temporal de órdenes de captura contra 23 personas identificadas por el Gobierno como voceros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) en Medellín y el Valle de Aburrá. La medida busca facilitar su participación en espacios de conversación orientados al sometimiento a la justicia.
La decisión se produce tras una solicitud elevada el pasado 24 de febrero por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha promovido acercamientos tanto con grupos armados ilegales como con organizaciones criminales urbanas.
Negociaciones del Gobierno
En los últimos meses, el Gobierno nacional ha venido explorando mecanismos jurídicos para abrir canales de diálogo con estructuras criminales en centros urbanos, particularmente en Medellín y su área metropolitana. Estas organizaciones, vinculadas a economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y el control territorial, han sido señaladas como actores clave en la persistencia de la violencia en el Valle de Aburrá.
La suspensión de órdenes de captura no es un hecho aislado. Hace parte de una estrategia que busca generar condiciones para eventuales procesos de sometimiento colectivo, bajo supervisión estatal y con participación de diferentes entidades. Sin embargo, la medida ha generado debate jurídico y político sobre sus alcances y límites, especialmente frente a los derechos de las víctimas y la continuidad de las acciones judiciales.
Comunicado de la Fiscalía
La entidad explicó el alcance de la decisión en el siguiente pronunciamiento oficial:
“Atendiendo una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, realizada el pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura a 23 personas reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión, respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía.
La Resolución 00072 del 27 de marzo precisa que las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan.
La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia.”
Alcances y límites
La Fiscalía enfatizó que la suspensión es temporal —por seis meses— y no implica impunidad ni eliminación de procesos judiciales. Tampoco afecta la posibilidad de capturas en caso de flagrancia por delitos graves.
Los encuentros se desarrollarán en Medellín, municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, territorios donde estas estructuras tienen influencia y donde el Gobierno busca avanzar en procesos de sujeción a la justicia.
Reacciones y debate
La medida abre un nuevo capítulo en la política de seguridad y paz del Gobierno. Mientras algunos sectores la consideran un paso pragmático para reducir la violencia urbana, otros advierten riesgos de legitimar estructuras criminales o debilitar la acción judicial.
Por ahora, el desarrollo de los espacios de conversación y los resultados concretos en materia de desmantelamiento de estas organizaciones serán clave para evaluar el impacto real de la decisión.