La Contraloría General de la República realizó una mesa técnica de seguimiento al proyecto de decreto que modificaría la forma en que se fijan los topes de las viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) en Colombia.
La reunión fue liderada por la Delegada de Vivienda de la Contraloría y contó con la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo de analizar los posibles impactos de esta iniciativa en el mercado inmobiliario del país.
Durante la mesa técnica se evaluó la política pública de vivienda social, teniendo en cuenta el reciente aumento del salario mínimo para 2026 y las implicaciones que podría generar el nuevo decreto tanto para los compradores como para el sector constructor.
Actualmente, el valor de las viviendas VIS y VIP está atado al salario mínimo legal vigente. Sin embargo, el proyecto de decreto propone desligar estos precios del salario mínimo y fijarlos directamente en pesos, lo que cambiaría la forma en que se determinan los topes de este tipo de inmuebles.
De acuerdo con cifras del sector, este cambio podría impactar más de la mitad del mercado inmobiliario colombiano, teniendo en cuenta que cada año se comercializan más de 100 mil viviendas de interés social en el país.
Durante la reunión, la Contraloría General expresó preocupaciones persistentes sobre la situación de los negocios inmobiliarios que ya fueron estructurados bajo el esquema actual, es decir, con valores fijados en salarios mínimos. Según el organismo de control, aún no existe una ruta clara por parte del Gobierno Nacional para estos casos.
Finalmente, la Contraloría anunció que continuará realizando seguimiento periódico al desarrollo de este proyecto de decreto, debido al impacto que podría tener en el acceso a la vivienda y en la dinámica del sector constructor en Colombia.
