El presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país, como respuesta a la grave afectación causada por las intensas lluvias y las inundaciones registradas en las últimas semanas.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, firmado por todo el gabinete, y tendrá una vigencia inicial de 30 días. Con ella, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley orientados a conjurar la crisis.
Ocho departamentos en emergencia
Según el decreto, la declaratoria cobija a:
- Córdoba
- Antioquia
- La Guajira
- Sucre
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
- Chocó
El Gobierno argumenta que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños, especialmente en Córdoba, donde se concentran las mayores afectaciones.
Balance preliminar de daños
Un informe consolidado por las autoridades reporta:
- 252.233 personas afectadas, pertenecientes a 69.235 familias.
- 16.113 viviendas con daños parciales o totales.
- 111 vías impactadas.
- Entre 250.000 y 300.000 hectáreas de cultivos perdidas.
- Cerca de 200.000 hectáreas de pastoreo afectadas.
La situación ha comprometido la seguridad alimentaria y los ingresos de miles de familias rurales, especialmente en zonas ribereñas.
La tercera emergencia del Gobierno Petro
Esta es la tercera vez que el actual Gobierno recurre a la figura de la emergencia económica y la segunda en menos de seis meses.
La anterior declaratoria, de alcance nacional, fue expedida tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso y actualmente se encuentra suspendida mientras es evaluada por la Corte Constitucional.
El uso reiterado de esta herramienta ha generado debate sobre sus alcances y límites en el marco institucional.
Meta fiscal: recaudar 8 billones de pesos
Uno de los principales objetivos del decreto es habilitar la creación de nuevos tributos para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.
El Gobierno proyecta recaudar 8 billones de pesos, principalmente a través de impuestos dirigidos a personas jurídicas con alto patrimonio, especialmente grandes empresas.
Estos recursos se destinarían a:
- Reconstrucción de vivienda.
- Recuperación de infraestructura vial.
- Rehabilitación de acueductos.
- Reactivación productiva del sector agropecuario.
- Atención humanitaria prolongada.
La posición de la UNGRD
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, explicó que los 8 billones corresponden a una estimación para la fase de recuperación a mediano y largo plazo.
Según Carrillo:
- La atención inmediata está cubierta con recursos vigentes por cerca de 190.000 millones de pesos.
- Se han garantizado ayudas humanitarias, albergues temporales y operaciones de rescate.
- El mayor desafío será financiar la reconstrucción estructural.
“El país suele reaccionar cuando ocurre la tragedia, pero invierte poco en prevención”, reconoció.
Impacto en el sector agropecuario
Desde el Ministerio de Agricultura se reportan afectaciones significativas:
- 27.075 predios dañados.
- Más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados.
- 3.166 animales muertos.
- 30.113 hectáreas de cultivos afectadas, entre plátano, arroz, maíz, yuca, cacao y hortalizas.
Solo en drenaje de suelos y recuperación productiva se proyectan inversiones superiores a los 220.000 millones de pesos.
Vivienda e infraestructura: el mayor costo
El Ministerio de Vivienda estima que la reconstrucción demandará cerca de 5,8 billones de pesos, siendo el rubro más alto el de agua potable y saneamiento básico, con un costo cercano a los 4,4 billones.
Además, se prevé la rehabilitación de:
- Más de 4.000 viviendas.
- Cerca de 200 instituciones educativas.
- Redes de transporte y acueductos rurales.
Debate político y alternativas descartadas
La declaratoria ha generado controversia. Gobernadores propusieron utilizar cerca de 6,5 billones de pesos en regalías actualmente congeladas, alternativa que fue descartada por el Ejecutivo.
El presidente Petro, por su parte, ha señalado factores estructurales y decisiones históricas como parte del origen de la crisis, lo que ha motivado críticas desde sectores de oposición.
Emergencia climática y desafío estructural
Más allá de la atención inmediata, el episodio ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y la limitada capacidad fiscal para responder a desastres recurrentes.
Líderes regionales coinciden en que la emergencia no solo es ambiental, sino también financiera e institucional.
“La pregunta ya no es si podemos atender la crisis, sino si tenemos cómo sostener la reconstrucción”, advirtió un dirigente comunitario en Córdoba.
Lo que viene
Durante los próximos 30 días, el Gobierno podrá expedir decretos legislativos relacionados con:
- Nuevos impuestos temporales.
- Reasignación presupuestal.
- Contratación directa para obras urgentes.
- Programas especiales de reactivación.
Estas medidas deberán ser revisadas posteriormente por la Corte Constitucional.
Mientras tanto, miles de familias continúan en albergues o en casas de familiares, a la espera de soluciones definitivas en medio de un invierno que, según los pronósticos, podría extenderse.
