La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de $70.570 millones tras una auditoría a la gestión del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, correspondiente al periodo 2019–2024, en la que se evidenciaron graves deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión de varios proyectos estratégicos para el Pacífico colombiano.
De acuerdo con el informe elaborado por la Delegada para Población Focalizada, uno de los principales hallazgos está relacionado con el excesivo gasto en administración en proyectos orientados a mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca). Solo en este componente, la Contraloría identificó un presunto detrimento fiscal y disciplinario por $20.530 millones.
Según el ente de control, pese a la alta ejecución de los recursos destinados a gastos administrativos, los resultados fueron deficientes y no guardan proporción con la baja ejecución de la inversión, incumpliendo los términos establecidos en el CONPES 3847 de 2015 y en el contrato de empréstito BIRF 8649-CO, suscrito con el Banco Mundial.
La auditoría también detectó gastos administrativos desproporcionados en proyectos asociados a la conectividad de la región, que incluían la construcción de muelles y malecones, señalización, mejora de servicios de agua y saneamiento, así como el fortalecimiento institucional de operadores de transporte fluvial y prestadores de servicios públicos. En estos casos, la Contraloría evidenció un gasto injustificado que, a diciembre de 2024, configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $9.840 millones.
Otro de los hallazgos más relevantes corresponde al contrato No. 57833-PTSP-044-2021, destinado a la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en comunidades del municipio de Bojayá (Chocó). En este caso, el ente de control estableció un detrimento patrimonial por $13.972 millones, tras comprobar que el contrato, suscrito en 2021 y ya vencido, no fue ejecutado a cabalidad.
La Contraloría evidenció la inoperancia de los sistemas fotovoltaicos, la ausencia de equipos de telemetría, la reducción injustificada del número de beneficiarios y la falta de aplicación de sanciones y garantías contractuales. A la fecha de la auditoría, ninguno de los equipos se encontraba completamente instalado, lo que impide su entrega al operador, pese a que el plazo contractual ya expiró.
De manera general, el organismo de control concluyó que las deficiencias se originaron desde la etapa de planeación, lo que derivó en errores en la fijación del valor de los contratos, replanteamientos constantes de las obras, pagos sin contraprestación efectiva, vencimiento de plazos sin ejecución completa, gastos administrativos excesivos y una reducción significativa en el alcance y la cobertura de los proyectos.
Asimismo, se identificaron fallas graves en la interventoría y supervisión, que permitieron pagos por obras no ejecutadas o por valores superiores a los realmente realizados, incumplimientos de los objetos contractuales y deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.
En total, la auditoría reportó 21 hallazgos, varios de ellos con incidencia fiscal y disciplinaria, que comprometen la eficacia del gasto público y el impacto social de proyectos diseñados para mejorar las condiciones de vida de comunidades históricamente vulnerables del Pacífico colombiano.