La Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis financiera que atraviesa la red pública hospitalaria del país y reiteró la advertencia emitida desde 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud.
Esta vez, el llamado se amplía de manera directa al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que el deterioro del flujo de recursos no solo persiste, sino que se ha agravado de forma significativa.
Según el ente de control, el deficiente flujo de recursos hacia los hospitales públicos amenaza la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y pone en riesgo la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, especialmente en más de 600 municipios donde la red pública es el principal —y en muchos casos el único— prestador de servicios.
Tras analizar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE), la Contraloría concluyó que los riesgos advertidos hace dos años se profundizaron. El incremento acelerado de la cartera hospitalaria, los pagos parciales o tardíos y la falta de giros efectivos han agudizado la crisis financiera de los hospitales públicos, afectando la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud.
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2%, pasando de un promedio mensual de $846 mil millones en 2024 a $1,076 billones en 2025, este incremento no se ha traducido en una mejora real para la red pública. Por el contrario, la deuda de los hospitales públicos pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, un aumento del 30% en apenas nueve meses.
El informe también evidencia una distribución inequitativa de los recursos: en 2025, el 67,7% del giro directo fue destinado a prestadores privados, mientras que los hospitales públicos recibieron apenas el 23,2%. En términos generales, el flujo de recursos en la red prestadora muestra una proporción del 80% para el sector privado y solo el 20% para el público.
De acuerdo con datos de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, pasando de $4,5 billones a $6,4 billones. Esta brecha ha golpeado severamente la liquidez y la capacidad operativa de los hospitales públicos.
En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones, es decir, el 84%. La situación empeoró en 2025: entre enero y septiembre se facturaron $16,3 billones, pero solo se pagaron $12,6 billones, lo que representa una oportunidad de pago del 77%.
La reducción en los pagos afecta a todos los niveles de complejidad: en el nivel I la cobertura cayó del 85% al 81%; en el nivel II, del 80% al 74%, siendo el más afectado; y en el nivel III, del 87% al 76%, comprometiendo la sostenibilidad de hospitales de alta complejidad y alto costo.
Desde la óptica del control fiscal, la Contraloría advirtió que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional y podrían derivar en un daño patrimonial al Estado, conforme a lo establecido en la Ley 610 de 2000.
El órgano de control también expresó su preocupación por la Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles en la ADRES que podrían ser girados de inmediato a las IPS, lo que ayudaría a aliviar la situación financiera, especialmente en hospitales de baja complejidad.
Finalmente, la Contraloría instó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos y eviten un colapso del sistema de salud que pondría en riesgo la atención de millones de colombianos.
