Lo que inicialmente fue presentado como un violento enfrentamiento entre disidencias de las Farc tomó este miércoles un rumbo radicalmente distinto. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que las 26 personas halladas muertas en zona rural del municipio de El Retorno no fallecieron en medio de combates, sino que habrían sido ejecutadas con disparos a corta distancia, varios de ellos dirigidos a la cabeza.
El nuevo informe forense, basado en las primeras inspecciones realizadas por el CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional, descarta la hipótesis de un intercambio de fuego, como se había señalado en los primeros reportes oficiales. Según Medicina Legal, los patrones de las heridas evidencian que las víctimas no murieron en medio de un enfrentamiento armado, sino bajo circunstancias que apuntan a una acción sistemática y directa.
La magnitud del caso estremece aún más por el perfil de las víctimas: 21 hombres y 5 mujeres, entre ellas cuatro menores de edad, cuyos cuerpos fueron trasladados para análisis detallados a Villavicencio, capital del Meta. Allí, equipos forenses avanzan en los procesos de identificación para permitir la entrega digna a sus familiares.
En los días posteriores al hallazgo, las autoridades habían atribuido las muertes a un choque entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia del propio EMC. Incluso, el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque, había señalado que, de manera preliminar, los cadáveres corresponderían a integrantes del Estado Mayor Central.
Sin embargo, el pronunciamiento de Medicina Legal introduce un giro sustancial en la investigación y obliga a replantear las líneas de indagación. El organismo forense indicó que en los próximos días se profundizará en estudios de balística y toxicología, con el fin de establecer no solo el tipo de armas utilizadas, sino también si las víctimas habrían sido sometidas a sustancias tóxicas antes de su muerte.
La Fiscalía General de la Nación asumió el caso a través de una unidad especializada, con el objetivo de esclarecer de manera integral las circunstancias que rodearon la muerte de las 26 personas en zona rural de El Retorno, Guaviare. El proceso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Villavicencio, quien inició de forma inmediata los actos urgentes de investigación por estos hechos ocurridos el pasado 16 de enero.
Las diligencias adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional, incluidas las inspecciones técnicas a los cadáveres, refuerzan la conclusión de que no hubo combates. Las autoridades determinaron de manera preliminar que las víctimas fueron asesinadas con disparos a corta distancia, varios de ellos dirigidos a la cabeza, lo que descarta un cruce de fuego entre estructuras armadas ilegales.
Las autoridades han dicho que los hechos violentos se habrían presentado en medio de disputas entre estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente facciones vinculadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, aunque el modo de muerte apunta a una acción distinta a un enfrentamiento armado convencional. Este giro ha llevado a fortalecer las líneas investigativas y a priorizar el análisis de responsabilidades individuales y de mando dentro de estas organizaciones ilegales.
En paralelo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que entre los 26 fallecidos hay cuatro menores de edad, un elemento que agrava la gravedad del caso y refuerza la urgencia de esclarecer plenamente lo ocurrido. Los cuerpos corresponden a 21 hombres y 5 mujeres, actualmente en proceso de identificación plena para su posterior entrega a los familiares.
Finalmente, las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizarán nuevos estudios de balística y toxicología, con el fin de determinar el tipo de armas utilizadas y establecer si las víctimas habrían sido sometidas a sustancias antes de su muerte. Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como uno de los episodios más sensibles y complejos recientes en el conflicto armado del sur del país, con implicaciones judiciales y humanitarias de alto impacto.
Este fue el comunicado inicial de Medicina Legal:
Bogotá D. C., 21 de enero de 2026.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, una vez avanzadas las labores de los equipos forenses destacados para el abordaje de veintiséis (26) cuerpos ingresados a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, a la fecha se ha logrado la identificación de veinticuatro (24) personas; de las dos (2) restantes, aún no se ha establecido su identidad.
De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres.
Se continúa la articulación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos.
El Instituto informará oportunamente sobre nuevos avances, una vez se finalicen las labores de identificación«: Ariel Emilio Cortés Martínez, Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Mientras avanza el esclarecimiento judicial, el caso vuelve a poner en evidencia la compleja situación de orden público en el sur del país y el impacto directo del conflicto armado sobre la población, incluyendo a menores de edad. Las autoridades insisten en que la investigación sigue abierta y que no se descarta ninguna hipótesis, en uno de los episodios más graves registrados recientemente en el Guaviare.