El Tribunal Superior de Bogotá resolverá en segunda instancia la apelación presentada por las defensas de los exministros, capturados en diciembre de 2025 por el escándalo de corrupción en la UNGRD y el Invías.
El futuro judicial de los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez entra en una fase decisiva. El Tribunal Superior de Bogotá definió, por reparto, a las tres magistradas que tendrán a su cargo el estudio de los recursos de apelación con los que las defensas buscan modificar la medida de aseguramiento que hoy mantiene a ambos exfuncionarios recluidos en un establecimiento carcelario.
La Sala encargada de resolver la solicitud estará integrada por las magistradas Catalina Guerrero Rosas, quien actuará como ponente, Isabel Fernández y Alejandra Ardila Polo. Ellas deberán decidir si confirman la detención intramural o si conceden el beneficio de libertad, o de manera subsidiaria, la detención domiciliaria solicitada por los abogados de los exministros.
La solicitud de la defensa
Los equipos jurídicos de Bonilla y Velasco pidieron que sus representados puedan enfrentar el proceso en libertad mientras avanza la investigación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que el Tribunal considere que no procede su excarcelación, solicitaron de manera alternativa que se les otorgue la detención domiciliaria.
La apelación busca tumbar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que fue impuesta el jueves 18 de diciembre de 2025, tras una audiencia en la que el Tribunal avaló los argumentos de la Fiscalía sobre la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.
¿Dónde permanecen recluidos los exministros?
Dos días después de que se conociera la imposición de la medida de aseguramiento, Ricardo Bonilla fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación a la Escuela de Oficiales de la Policía, ubicada al norte de Bogotá (CESPO).
La decisión se adoptó luego de que el exministro expusiera su estado de salud, al advertir que padece isquemia, una condición médica que afecta el flujo sanguíneo hacia órganos o tejidos del cuerpo. Bonilla, de 76 años, había estado recientemente en una unidad de cuidados intensivos, situación que fue tenida en cuenta por las autoridades para definir su lugar de reclusión.
Sobre este punto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X: “Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”.
En cuanto a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, permanece a disposición de la Escuela de Carabineros de Cali, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El escándalo de la UNGRD y el supuesto “pacto criminal”
Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, son investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Según la Fiscalía General de la Nación, ambos exfuncionarios habrían concertado un “pacto criminal” para asegurar mayorías en el Congreso de la República mediante el direccionamiento de contratos y proyectos públicos a favor de congresistas, a cambio de su apoyo a iniciativas del Gobierno y a proyectos de endeudamiento.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, sostuvo que la supuesta empresa criminal operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024 y afectó directamente a dos entidades clave del Estado.
“Ustedes se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias que permitieran la aprobación de proyectos de ley y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, afirmó la fiscal durante la audiencia.
Proyectos por más de 612.000 millones de pesos
De acuerdo con la acusación, el presunto esquema incluyó la entrega o direccionamiento de 74 proyectos del Invías por más de 571.000 millones de pesos y cinco proyectos de la UNGRD por más de 40.000 millones, para un total superior a los 612.000 millones de pesos.
La Fiscalía señaló que solo siete de esos proyectos llegaron a concretarse, pero recalcó que la gravedad radica en la existencia de un acuerdo sostenido en el tiempo para afectar la contratación pública con fines políticos.
En el expediente también aparecen los nombres de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, quienes, según el ente acusador, habrían sido piezas clave en la ejecución del direccionamiento de proyectos.
Así fueron las capturas en diciembre de 2025
Las capturas de los exministros se produjeron el 18 de diciembre de 2025, tras conocerse la decisión judicial que ordenó su reclusión preventiva.
Ricardo Bonilla fue detenido en Bogotá, minutos después de concluir una audiencia en el Tribunal Superior. Esa misma noche fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde permaneció bajo custodia.
Luis Fernando Velasco, por su parte, se encontraba en su residencia en Cali y se presentó voluntariamente ante las autoridades, quedando de inmediato a disposición de la justicia. Ambos fueron llevados a centros de reclusión.
La magistrada María Leonor Oviedo legalizó las capturas y ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que dejó en manos del Inpec la definición del centro de reclusión.
La salud de Bonilla y el debate sobre la medida
Durante la audiencia, la defensa de Ricardo Bonilla, de 76 años, puso sobre la mesa su estado de salud. El exministro informó que había sufrido un episodio de isquemia transitoria meses antes y que requiere controles médicos especializados y permanentes.
La Procuraduría General de la Nación solicitó que esa condición fuera tenida en cuenta al momento de evaluar la medida de aseguramiento, al tratarse de un adulto mayor. Sin embargo, el Tribunal indicó que estos aspectos debían analizarse en el marco de las solicitudes formales de la defensa, como la apelación ahora en estudio.
Pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal optó por una medida más severa, al considerar que la gravedad de los delitos investigados y el rol que habrían desempeñado los exministros hacían insuficiente una restricción menos estricta.
Lo que viene
Ahora, la Sala conformada por las tres magistradas deberá evaluar los argumentos de la defensa, la Fiscalía y los demás intervinientes para definir si Bonilla y Velasco continúan en prisión o si se modifica su situación jurídica.
La decisión marcará un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años y será clave para el rumbo del proceso que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos contra la administración pública.
