La negociación tripartita entre sindicatos y empresarios cerró sin consenso y abre un nuevo pulso económico y político en el que el Ejecutivo definirá el aumento vía decreto.
La mesa de concertación del salario mínimo para 2026 terminó sin acuerdo entre empresarios y centrales obreras, tras agotarse el primer plazo legal para definir el incremento que regirá el ingreso básico de al menos 2,4 millones de trabajadores en Colombia. Las posiciones, que se mantuvieron distantes durante toda la negociación, llevaron a que el proceso entre ahora en una fase de 48 horas para la radicación de salvedades, antes de que el Gobierno nacional adopte una decisión unilateral, que deberá expedirse, a más tardar, el próximo 30 de diciembre.
Durante la sesión final de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los sindicatos insistieron en un aumento del 16 %, mientras que los gremios empresariales mantuvieron su propuesta de un 7,21 %. La brecha entre ambas cifras, que no logró reducirse pese a los llamados al diálogo, fue reconocida por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó el escenario como un “punto muerto” para la concertación. “No hemos podido llegar a un acuerdo. Los trabajadores plantearon un incremento de dos dígitos y los empresarios reiteraron su propuesta. Esto se convirtió en un sin salida”, afirmó el funcionario.
Con el cierre de esta etapa, se activa el mecanismo previsto en la ley para que las partes presenten por escrito sus argumentos, reparos y consideraciones. Estos documentos serán evaluados por el Ministerio del Trabajo, que analizará si existen condiciones para abrir un segundo tiempo de conversaciones bilaterales. No obstante, el propio Sanguino advirtió que, de no encontrarse fórmulas de aproximación, el Ejecutivo avanzará en la expedición del decreto que fijará el salario mínimo para 2026, tal como ocurrió en los dos años anteriores.
El ministro dejó claro que, en caso de decretarse el aumento, la decisión se enmarcará en la política salarial del Gobierno de Gustavo Petro, orientada —según explicó— a garantizar incrementos reales del ingreso de los trabajadores. “Si el diálogo no prospera, buscaremos tomar decisiones responsables y justas. La política salarial ha demostrado que no genera los efectos negativos que se anunciaban”, sostuvo. Incluso, en declaraciones a medios, Sanguino señaló que la determinación se tomará “mirando hacia la izquierda”, en referencia a un enfoque de justicia social y redistribución del ingreso.
Desde el Gobierno se insistió en que los incrementos del salario mínimo en los últimos tres años no han disparado la inflación ni deteriorado el empleo. El ministro recordó que la inflación pasó de niveles cercanos al 14 % a ubicarse alrededor del 5 %, mientras que la tasa de desempleo se redujo del 12 % a cerca del 8,2 %, y la informalidad laboral bajó del 58 % al 55 %. Para el Ejecutivo, estos indicadores respaldan la tesis de que los aumentos salariales han contribuido a mejorar el poder adquisitivo sin afectar de manera significativa la estabilidad macroeconómica.
El desacuerdo también estuvo marcado por la ausencia de Fenalco en la mesa de concertación. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, había anticipado que no participaría en una negociación que, a su juicio, ya tenía una decisión política tomada por el Gobierno. Esta postura fue cuestionada por el ministro Sanguino, quien lamentó que el gremio del comercio no hiciera parte del diálogo. “La ausencia de Fenalco deja sin voz a pequeños comerciantes y tenderos en una discusión que impacta directamente su actividad económica”, señaló el funcionario, al recordar que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo y en la dinámica del comercio minorista.
Desde las centrales obreras, el tono fue más crítico. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó que los empresarios “no movieron ni un centímetro” su propuesta y consideró que el decreto abre la posibilidad de un incremento de dos dígitos. “Ojalá sea cercano al 16 % que hemos planteado”, dijo, al tiempo que pidió al Banco de la República avanzar en la reducción de las tasas de interés para aliviar la presión sobre el empleo y la economía.
En contraste, los gremios empresariales advirtieron sobre los riesgos de un aumento elevado. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, señaló que un incremento de dos dígitos podría traducirse en mayores costos de producción, presiones inflacionarias y eventuales pérdidas de empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. “Tenemos que ser responsables. Hay 2,4 millones de trabajadores que ganan el mínimo y más de 11 millones que están por debajo. Un 7,21 % es una cifra sostenible que protege a las empresas y a los trabajadores”, sostuvo.
El fracaso de la concertación vuelve a poner en evidencia el peso estructural del salario mínimo en la economía colombiana. Más allá de su impacto directo en los trabajadores formales, esta cifra sirve como referencia para más de 70 precios y tarifas indexadas, como arriendos, matrículas y multas, lo que amplifica sus efectos sobre la inflación y el consumo. En ese contexto, la decisión que adopte el Gobierno también será determinante para la política monetaria del Banco de la República, que evalúa con cautela el ritmo de reducción de las tasas de interés ante el riesgo de un repunte inflacionario.
Así, con las posiciones aún enfrentadas y sin señales claras de acercamiento, todo indica que el salario mínimo para 2026 será definido por decreto presidencial, por tercer año consecutivo. La decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro y marcará el rumbo económico del inicio de 2026, en un escenario en el que el debate entre justicia social, estabilidad macroeconómica y sostenibilidad empresarial sigue abierto.
