La Corte Constitucional dio un paso decisivo para la transformación de la justicia en el campo colombiano al publicar la Sentencia C-340 de 2025, con la cual avala la estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, aprobada por el Congreso en junio de 2024. La decisión despeja el camino para que la ley estatutaria sea sancionada por el presidente de la República, uno de los pasos finales para poner en marcha esta nueva jurisdicción especializada en resolver conflictos relacionados con la tierra.
La Corte resaltó que esta jurisdicción es un compromiso del Acuerdo Final de Paz, que exige mecanismos eficaces y accesibles para atender controversias sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra. Según el alto tribunal, Colombia requiere una justicia más cercana al territorio, con enfoque diferencial y capacidad para responder a las necesidades históricas del campesinado.
En su revisión, la Corte declaró exequible la mayor parte del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Senado – 360 de 2024 Cámara, al considerar que cumplió los requisitos constitucionales y desarrolló adecuadamente el mandato del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria y Rural. No obstante, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 por violar el principio de unidad de materia, y condicionó la constitucionalidad de los artículos 3 y 8.
Entre los condicionamientos, el tribunal estableció que los concursos para seleccionar jueces y magistrados deberán incluir contenidos sobre derechos del campesinado y enfoques diferencial, territorial, étnico y de género. Además, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto armado.
La Corte también hizo un llamado al Congreso para culminar el proceso legislativo iniciado en 2022, mediante la aprobación de la ley ordinaria que definirá las competencias y procedimientos de esta nueva jurisdicción.
Con esta decisión, el país avanza hacia un sistema judicial especializado que busca resolver disputas sobre tierras de manera rápida, justa y accesible, fortaleciendo la seguridad jurídica en las zonas rurales. La puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un hito para el acceso a la justicia en el campo y un paso decisivo en el cumplimiento de los compromisos de paz.
