La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones, en dos procesos que investigan irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira. Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, tras identificar sobrecostos, pagos sin soportes y fallas en la ejecución contractual.
Irregularidades en la compra de 40 carrotanques a Impoamericana Roger
El primer proceso, por una cuantía de $9.573 millones, señala a la empresa Impoamericana Roger S.A.S. y a exdirectivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Según la Contraloría, la compañía habría sobrestimado el valor de los vehículos y recibido pagos anticipados sin cumplir completamente con las obligaciones pactadas.
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Los vehículos, que debían entregarse el 23 de noviembre de 2023, solo fueron recibidos a satisfacción el 16 de enero de 2024. Además, se estableció que los valores pagados superaron el precio real de mercado en más de $10.772 millones, aunque esta cifra fue reducida a $1.708 millones debido a reintegros por preacuerdos en un proceso penal paralelo.
En este caso se imputó responsabilidad fiscal a título de dolo contra:
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Impoamericana Roger S.A.S.
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Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD.
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Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres y supervisor de la orden de proveeduría.
La Contraloría archivó la imputación relacionada con el “no cumplimiento de la finalidad social”, al comprobar que los carrotanques ya están prestando el servicio de suministro de agua en los territorios afectados.
Detrimento por compra adicional de 40 carrotanques con Yapurutú
El segundo proceso, por $12.579 millones, involucra la compra de otros 40 carrotanques mediante un contrato entre el FNGRD y la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú, firmado el 11 de octubre de 2023 por un valor total de $29.000 millones.
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Este contrato hacía parte de las acciones para cumplir la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó medidas urgentes para garantizar el acceso al agua en La Guajira. No obstante, la Contraloría encontró que la gestión fiscal fue ineficaz, ineficiente y antieconómica, señalando presuntos sobrecostos, pagos por mantenimientos que no se realizaron y fallas en la planeación y ejecución del contrato.
Por estos hechos, el organismo de control imputó responsabilidad fiscal por culpa grave contra:
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Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD.
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Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres.
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Yapurutú, en calidad de proveedor.
Archivo en favor del actual director de la UNGRD
En este proceso, la Contraloría ordenó archivar la actuación a favor de Carlos Alberto Carrillo Arenas, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tras comprobar que los vehículos ya se encuentran operando y cumpliendo su función.
