En un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue recapturado este viernes en Barranquilla el contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
La detención se llevó a cabo en la Clínica Altos del Prado, al norte de la ciudad, donde Tapia había ingresado acompañado por funcionarios del Inpec para recibir atención médica por un cuadro de hipertensión. Sin embargo, agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijín ejecutaron la orden de captura emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que revocó la libertad condicional concedida meses atrás por un despacho judicial de Barranquilla.
En la clínica Altos del Prado de Barranquilla permanece en condición de capturado Emilio Tapia. La detención la realizan agentes de la Dijin, de Bogotá.
Con esta medida, Tapia deberá regresar a prisión para cumplir una condena, derivada de varios procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción pública y el manejo irregular de contratos estatales.
Las razones judiciales detrás de la captura
La nueva detención se da como consecuencia directa del fallo emitido el 10 de octubre de 2025, cuando el juez de Bogotá determinó que Emilio Tapia no cumplía con los requisitos legales para mantener su libertad condicional.
El despacho acogió los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, que había apelado el beneficio otorgado en abril de este año. El órgano de control sostuvo que Tapia no había demostrado una verdadera resocialización, que persistían dudas sobre la reparación integral del daño causado al Estado, y que su prontuario judicial evidenciaba una conducta reincidente en delitos contra la administración pública.
Según la decisión judicial, el contratista deberá permanecer bajo custodia del Inpec mientras se revisa el cumplimiento efectivo de sus penas y la reparación económica comprometida en los distintos procesos penales.
¿Quién es Emilio Tapia? El “zar de la contratación” en Colombia
Nacido en Sincelejo (Sucre), Emilio José Tapia Aldana es considerado uno de los símbolos de la corrupción administrativa en Colombia. Durante más de una década ha estado vinculado a millonarios escándalos de contratación, tanto en el nivel distrital como nacional.
Tapia ganó notoriedad pública por su papel en el “Carrusel de la Contratación” de Bogotá, un entramado de sobornos, sobrecostos y manipulación de contratos públicos durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas. Según la Fiscalía, Tapia actuó como intermediario entre empresarios y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), direccionando licitaciones a cambio de millonarias comisiones.
Por estos hechos, fue condenado en 2016 y 2017 a penas que, al ser acumuladas, sumaron 12 años y un mes de prisión por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Las idas y vueltas judiciales de Emilio Tapia: del “carrusel de la contratación” al escándalo de Centros Poblados
El polémico contratista Emilio Tapia, uno de los nombres más recordados en los grandes casos de corrupción en Colombia, ha tenido un largo historial de capturas, condenas, beneficios judiciales y nuevos procesos. Su trayectoria judicial, marcada por escándalos como el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso Centros Poblados, muestra un patrón de caídas y retornos a la libertad.
El origen del escándalo: el carrusel de la contratación
Tapia fue capturado por primera vez en el marco del carrusel de la contratación de Bogotá, un esquema de corrupción que operó durante la administración de Samuel Moreno Rojas, y que desvió millonarios recursos destinados a obras públicas.
Fue condenado a siete años de prisión y enviado al pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota. Durante su reclusión se hicieron públicas denuncias sobre fiestas privadas con música vallenata, consumo de licor y uso de celulares, lo que desató fuertes críticas al sistema penitenciario.
De La Picota a un batallón militar
En abril de 2016, Tapia fue trasladado de La Picota al Batallón de Ingenieros No. 2 del Ejército, en Malambo (Atlántico), un cambio que levantó polémica por las comodidades que habría tenido en el nuevo centro de reclusión.
Dos años más tarde, en diciembre de 2018, un juez le concedió libertad condicional, al considerar que había cumplido las tres quintas partes de su condena. En agosto de 2019, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla ratificó ese beneficio.
El regreso al escándalo: el caso Centros Poblados
En 2021, su nombre volvió a ocupar titulares. Tapia fue señalado como cerebro detrás del entramado de corrupción del contrato entre el Ministerio TIC y el consorcio Centros Poblados, por más de un billón de pesos, para llevar internet a escuelas rurales.
El contrato fue suspendido tras descubrirse que se habían presentado garantías bancarias falsas. En medio de la investigación, Tapia aceptó cargos por falsedad en documento público y fraude procesal.
En diciembre de 2024, pagó más de 2.500 millones de pesos, parte de los más de 20 mil millones que se perdieron en el escándalo.
Libertad condicional y nueva revocatoria
En abril de 2025, un juzgado de Barranquilla le concedió nuevamente la libertad condicional, tras cumplir 48 meses y 10 días de prisión por el caso Centros Poblados.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, argumentando que Tapia no había cumplido con todos los requisitos para acceder al beneficio.
Finalmente, en octubre de 2025, un tribunal revocó su libertad, ordenando su reclusión nuevamente en un centro carcelario.
Pese a su historial judicial, Tapia ha reaparecido en medios de comunicación. En una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, habló sobre sus procesos y aseguró ser un “empresario arrepentido”.
El escándalo de Centros Poblados y los nuevos procesos
Su nombre volvió a la escena pública en 2021, cuando fue señalado como uno de los cerebros detrás del fraude en el contrato de 1 billón de pesos adjudicado por el MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, que debía llevar internet gratuito a zonas rurales del país.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que Tapia presentó una póliza falsa del Banco Itaú, con la cual logró que el contrato fuera adjudicado y se girara un anticipo de 70.000 millones de pesos. Los recursos, según la entidad, fueron desviados a cuentas personales y de terceros.
Por este caso, Tapia aceptó cargos por peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, y se comprometió a devolver una parte de los dineros sustraídos, alrededor de 5.000 millones de pesos, a través de pagos y cesión de bienes ubicados en Girardot y Medellín.
Además del proceso de Centros Poblados, Tapia es investigado por presuntas irregularidades en contratos de la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali), donde se habrían manipulado pólizas y avales financieros falsos para asegurar la adjudicación de convenios millonarios.
El fallo judicial y sus implicaciones
En su decisión, el juez de Bogotá enfatizó que el cumplimiento de parte de la pena no basta para otorgar beneficios cuando se trata de delitos que afectan la moral pública y el patrimonio estatal.
“La personalidad del sentenciado no es satisfactoria. Cuando un individuo defrauda la administración pública en perjuicio de la comunidad, antepone su interés particular al bienestar general”, señala el auto judicial.
La resolución también recalca que Tapia no ha reparado completamente el daño económico causado y que sus conductas demuestran un patrón de aprovechamiento de los beneficios judiciales. Por ello, ordenó su inmediata reclusión en una cárcel del país, decisión que no admite recursos.
Próximos pasos del proceso
Tras su recaptura, Emilio Tapia será puesto a disposición del Inpec, que deberá definir su lugar de reclusión, previsiblemente la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde ya había estado detenido.
La Fiscalía mantiene abiertos varios frentes de investigación sobre su rol en nuevos contratos estatales y su posible participación en una red de manipulación de licitaciones públicas a través de terceros.
