El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, solicitaron a los órganos de control competentes adelantar de manera urgente las investigaciones necesarias frente a las denuncias de presunta corrupción en el concurso de méritos para el acceso a la carrera notarial.
La petición se produjo tras el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales advirtió sobre posibles irregularidades que podrían comprometer la transparencia e integridad del proceso de selección notarial.
En oficios remitidos a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, el Ministro de Justicia y el Superintendente expresaron su profunda preocupación y rechazo a cualquier conducta que atente contra los principios de moralidad, transparencia y mérito que deben regir el acceso a la función pública, especialmente en el servicio notarial, responsable de la fe pública en el país.
“Las afirmaciones del señor Presidente, que sugieren la existencia de actuaciones destinadas a la venta de cupos para notarías con la posible implicación de funcionarios adscritos a nuestras entidades, constituyen un hecho de la máxima gravedad que exige una acción inmediata y coordinada del Estado para su total esclarecimiento», señalaron los altos funcionarios en las comunicaciones enviadas.
El Ministro y el Superintendente solicitaron a la Procuraduría General de la Nación iniciar las actuaciones disciplinarias correspondientes e incluso asumir el poder preferente sobre las mismas. Asimismo, destacaron que, dada la posible configuración de delitos contra la administración pública, resulta indispensable la intervención de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones penales pertinentes.
En el marco del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público y del deber legal de denunciar posibles delitos, ambos funcionarios pidieron a la Fiscalía priorizar la investigación de los hechos denunciados públicamente por el Jefe de Estado, con el fin de verificar su veracidad y determinar responsabilidades.
De igual forma, solicitaron al ente acusador desplegar todas las actuaciones necesarias para identificar, individualizar y judicializar a los presuntos responsables de los actos de corrupción, ya sean servidores públicos o particulares.
Finalmente, el ministro Montealegre y el superintendente Rodríguez reafirmaron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad institucional, y pusieron a disposición de los órganos de control toda la capacidad técnica y humana del sector Justicia para colaborar activamente con las investigaciones que se adelanten.
