Las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron al Congreso de la República sus más recientes informes, en los que alertaron sobre graves rezagos en la ejecución de recursos y en el cumplimiento de compromisos con la población víctima del conflicto armado, así como con comunidades étnicas.
En el caso de los Decretos Ley Étnicos (4633, 4634 y 4635 de 2011), la comisión integrada por entes de control y comisionados étnicos evidenció que, pese a contar con un marco normativo sólido y a que entre 2016 y 2025 se han destinado más de $13 billones, la atención ha sido insuficiente. Solo en 2024 quedaron sin ejecutar $1,5 billones, lo que retrasa los compromisos con los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom.
Según cálculos de la comisión, para garantizar una reparación integral en el periodo 2025-2031 se requerirían cerca de $101,1 billones a precios constantes de 2025. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales: falta de unidades especializadas en derechos étnicos, sistemas de información deficientes, baja participación de las comunidades por problemas de conectividad y transporte, así como limitada capacidad institucional.
Los resultados en materia de reparación colectiva son mínimos: de 826 planes activos en 13 años, apenas tres han finalizado. Además, la restitución de tierras presenta un rezago del 80 % en órdenes judiciales y la vivienda con pertinencia cultural sigue siendo una deuda pendiente.
Por su parte, el informe de seguimiento a la Ley de Víctimas (1448 de 2011), elaborado por la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y la Mesa Nacional de Víctimas, señaló que para el periodo 2025-2031 se necesitarían alrededor de $407 billones para su implementación.
La baja ejecución de recursos en 2024 también es preocupante: de un presupuesto de $6,5 billones, $1,06 billones no se comprometieron y $1,8 billones comprometidos no se pagaron. Además, la atención en retornos, reubicaciones y generación de ingresos muestra falencias estructurales, con el 65 % de las víctimas en situación de pobreza y un alto porcentaje en pobreza extrema.
En materia de indemnización, si bien en los últimos años el presupuesto aumentó, solo 1,3 millones de personas han sido indemnizadas, lo que representa apenas el 19 % de las más de 9,2 millones de víctimas reconocidas.
Las comisiones también señalaron falencias en la asistencia a víctimas en el exterior, en donde solo 54 consulados toman declaraciones, y alertaron sobre la reducción de programas para víctimas en el ámbito territorial: de 22.707 en 2023 a 17.715 en 2024.
Finalmente, recomendaron al Gobierno Nacional ajustar el CONPES de víctimas, identificar el número de personas pendientes por atender y evaluar nuevas fuentes de financiamiento. Asimismo, pidieron fortalecer estrategias de prevención, especialmente contra el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, que sigue siendo crítico en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, entre otros.
El llamado de los organismos de control es claro: se requiere una acción urgente, articulada y con enfoque diferencial para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
