Judicial / Política Internacional
A pocos días de que el presidente Donald Trump decida si Colombia mantiene su certificación en la lucha contra las drogas, el congresista demócrata Gregory Meeks, miembro del influyente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, envió una carta al mandatario estadounidense en la que urge preservar la cooperación con el país andino. En su misiva, Meeks advierte que una eventual descertificación tendría efectos adversos tanto para Colombia como para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuación de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer a las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, señala el legislador.
La carta se enmarca en el proceso anual de certificación antidrogas que EE. UU. realiza para evaluar los esfuerzos de países productores y de tránsito de drogas ilícitas. Establecido por la Ley de Asistencia Extranjera y reforzado por las leyes antidrogas de 1986 y 1988, este mecanismo permite al presidente estadounidense determinar qué países están cumpliendo “esfuerzos sustanciales” en la lucha contra el narcotráfico. La decisión, que debe anunciarse antes del 15 de septiembre, puede tener consecuencias directas en términos de asistencia financiera, cooperación militar y relaciones diplomáticas.
Le puede interesar: Fedemunicipios responde al presidente Petro: “Los alcaldes no tienen superior jerárquico”
Cifras que respaldan la cooperación
En su carta, Meeks presenta cifras que respaldan los avances de Colombia en materia antidrogas:
- En 2024, Colombia incautó casi 1.000 toneladas métricas de cocaína, lo que equivale al 65 % de todas las incautaciones globales.
- Esa cantidad representa alrededor de 750 millones de dosis letales y un valor estimado de 22.500 millones de dólares que no llegaron a las manos del crimen organizado.
- Para 2025, se proyecta un récord de 288 extradiciones de personas solicitadas por delitos relacionados con las drogas.
- Entre enero de 2024 y junio de 2025, el 85 % de la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-Sur) se originó en Colombia.
“Cada dólar invertido en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y gobernanza de Colombia contribuye a negar refugio a los narcotraficantes, debilita las redes criminales transnacionales que amenazan nuestras comunidades y fortalece a un socio democrático”, puntualiza Meeks.
Un llamado a la estabilidad de la cooperación
El congresista demócrata insiste en que la cooperación bilateral no debe depender de coyunturas políticas o ideológicas, y advierte que una interrupción de la asistencia actual debilitaría la capacidad del gobierno colombiano —y de futuros mandatarios— para enfrentar la criminalidad organizada.
“Esta alianza no es caridad, sino una inversión esencial en la seguridad nacional de Estados Unidos”, recalca Meeks. “Cualquier política que debilite nuestra cooperación ahora socavaría gravemente la capacidad de cualquier futuro presidente de Colombia para controlar la situación de seguridad y expandir las operaciones antinarcóticos”.
Un momento clave para la relación bilateral
La decisión de Trump después de tensiones diplomáticas entre ambos países. En enero de este año, el presidente colombiano Gustavo Petro desautorizó vuelos con migrantes deportados desde EE. UU., lo que provocó fricciones temporales. Además, sectores de la administración Trump han expresado preocupación por el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia, que según la ONU podrían superar las 300.000 hectáreas.
Sin embargo, el gobierno colombiano ha defendido su estrategia, enfocada en la erradicación manual, la sustitución voluntaria y la transición hacia economías lícitas. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, ha reiterado que “Colombia es el aliado más importante de EE. UU. en la lucha contra las drogas” y que los resultados son “demostrables”.
¿Qué implica la descertificación?
En caso de ser descertificado —sin una exención presidencial (waiver)— Colombia podría enfrentar:
- Suspensión de hasta el 50 % de la asistencia exterior estadounidense.
- Oposición de EE. UU. a préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
- Reducción de programas de cooperación en seguridad, interdicción y fortalecimiento institucional.
La carta del congresista también hace referencia a las consecuencias humanitarias que podría tener una descertificación, especialmente sobre poblaciones vulnerables:
“Sería una ofrenda para las organizaciones criminales transnacionales que han causado estragos en el pueblo colombiano, especialmente contra las comunidades afrocolombianas e indígenas que han sufrido las consecuencias de su violencia”, concluye Meeks.
Lo que viene
La decisión final estará en manos de Donald Trump, quien podría optar por:
- Certificación plena – reconociendo los esfuerzos de Colombia.
- Descertificación con exenciones (waiver) – permitiendo mantener la asistencia por razones de interés nacional.
- Descertificación sin exenciones – lo que cortaría gran parte de la ayuda bilateral.
En todo caso, lo que está en juego va más allá del reconocimiento formal. La continuidad o no de esta certificación definirá el rumbo de una de las alianzas estratégicas más importantes del hemisferio occidental en materia de seguridad, lucha antidrogas y estabilidad regional.
¿Quién es el Senador Weldon?
Gregory Weldon Meeks (Nueva York, 25 de septiembre de 1953) es un político estadounidense y actual representante por el estado de Nueva York desde 1998. Es miembro del Partido Demócrata.
Este es el texto completo de la carta del legislador
El Honorable Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos
La Casa Blanca
Estimado Presidente Trump:
«La ley estadounidense exige que el Presidente, antes del 15 de septiembre de cada año, informe sobre los principales países productores y de tránsito de drogas, incluyendo aquellos que han «fallado manifiestamente» en los 12 meses anteriores en realizar «esfuerzos sustanciales» para cumplir con las obligaciones internacionales antinarcóticos y adoptar las medidas antinarcóticos estipuladas. Si bien la ley implica reducciones en la asistencia, permite al Presidente mantener los niveles de financiación asignados por el Congreso si se considera que ello redunda en el interés nacional de Estados Unidos.
Al cumplir con esta obligación, le insto a mantener la cooperación integral entre Estados Unidos y Colombia, que ha impulsado la seguridad, la prosperidad y la democracia regionales durante más de dos décadas. Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuidad de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer a las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar la producción de coca y la actividad delictiva.
Mediante entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y operaciones de seguridad combinadas, Estados Unidos y Colombia han impulsado la estabilidad regional, desmantelado organizaciones criminales transnacionales y apoyado el estado de derecho. Las fuerzas colombianas se han convertido en unas de las más capaces y profesionales de la región, en gran parte gracias a la continua participación estadounidense. Entre enero de 2024 y junio de 2025, por ejemplo, el 85 % de toda la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso (JIATF Sur) se originó en Colombia.
Desde el lanzamiento del Plan Colombia en el año 2000, Estados Unidos ha colaborado estrechamente con el ejército y la Policía Nacional de Colombia para combatir la producción de coca en el país. Hace menos de un mes, 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia fueron asesinados mientras participaban en las labores de erradicación de coca en Antioquia. El ejército y la Policía Nacional de Colombia han realizado repetidamente estos sacrificios en pos de la erradicación de la coca y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que ponen en peligro tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los colombianos.
Los resultados de Colombia son claros. Tan solo en 2024, Colombia incautó casi 1.000 toneladas de cocaína, lo que representó el 65 % de las incautaciones mundiales de cocaína y el equivalente a 750 millones de dosis letales y 22.500 millones de dólares negados a las redes criminales. Más importante aún, el gobierno colombiano se encamina a alcanzar un récord de 288 extradiciones de personas condenadas por actividades delictivas y delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos tan solo en 2025. La asistencia estadounidense a Colombia también ha servido como multiplicador de fuerza para el desarrollo de fuerzas de seguridad profesionales y capaces en toda la región. A través del Plan de Acción de Estados Unidos para Colombia (USCAP), Colombia ha capacitado a al menos ocho países para abordar la amenaza de los grupos armados, las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico. Expertos colombianos cuentan con el apoyo de Estados Unidos para capacitar a otras fuerzas de seguridad regionales en las mejores prácticas para contrarrestar a los grupos armados y el narcotráfico. Esta labor ha sido vital en lugares como Ecuador y Haití, que enfrentan un repunte de la violencia de pandillas y la actividad criminal que amenaza la estabilidad del hemisferio occidental.
Esta alianza no es caridad, sino una inversión esencial en la seguridad nacional de Estados Unidos. Cada dólar invertido en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y gobernanza de Colombia contribuye a negar refugio a los narcotraficantes, debilita las redes criminales transnacionales que amenazan a nuestras comunidades y fortalece a un socio democrático en una región donde actores malignos, como Rusia, China e Irán, buscan expandir su influencia. La alianza entre Estados Unidos y Colombia se construyó para trascender las administraciones políticas, y cualquier política que debilite nuestra cooperación ahora socavaría gravemente la capacidad de cualquier futuro presidente de Colombia para controlar la situación de seguridad y expandir las operaciones antinarcóticos. Una descertificación, sin amplias exenciones, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sería una ofrenda para las organizaciones criminales transnacionales que han causado estragos en el pueblo colombiano, especialmente contra las comunidades afrocolombianas e indígenas que han sufrido las consecuencias de su violencia».
Atentamente,
GREGORY W. MEEKS
Miembro de Alto Rango
