BOGOTÁ D.C. – 12 de septiembre de 2025. En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro denunció lo que considera presiones indebidas y graves irregularidades en el proceso judicial que enfrenta su hijo, Nicolás Petro Burgos, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El jefe de Estado afirmó que ha cumplido con su promesa de no intervenir en el caso judicial de su hijo. Sin embargo, dijo sentirse obligado a pronunciarse ante lo que calificó como una “aberración judicial” y un uso indebido de recursos públicos con fines políticos por parte de la precandidata presidencial Victoria Dávila, experiodista y quien, según el mandatario, habría recibido información privilegiada de la Fiscalía General de la Nación.
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«Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido.
Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario«: Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro rompe el silencio y denuncia una presunta articulación entre la Fiscalía y la periodista y precandidata presidencial Victoria Dávila para afectar judicialmente a su hijo.
Nicolás Petro se encuentra viviendo en Bogotá, luego que un juez le levantará la restricción de permanecer en Barranuilla donde se adelanta el juicio en su contra que se encuentra en etapa preparatoria del juicio, donde las partes han solicitado rechazar algunas de las pruebas presentadas.
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A continuación, se reproduce el mensaje del presidente Petro:
“Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido.
Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario.
Por eso debo expresarme ahora, porque ahora sí hay presiones indebidas y no de mi parte y debo denunciarlas públicamente.
Sé lo que intentó hacer Barbosa, Mancera y sus fiscales con mi hijo, y lo que pretendían conmigo.
He denunciado, también, la fuerte influencia que una agrupación mafiosa, organizada en forma de coalición o federación a la que llaman junta, tenía y aún tiene en la fiscalía. Esos vínculos incestuosos produjeron que el puerto de Buenaventura exportara más cocaína con ayuda de funcionarios del CTI, que la confederación mafiosa se extendiera a Ecuador, incluso el fiscal general intervino en las elecciones ecuatorianas, y produjo la impunidad sobre los actores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, en Cartagena.
Sé que esta agrupación, dado los golpes que le he dado a su exportación de cocaína fundamentalmente a Europa, pretendía arrodillarme con la situación judicial de mi hijo y de ahí la manera como fue tratado y es tratado.
Sé de los vínculos estrechos entre la entonces periodista Victoria Dávila y el fiscal Barbosa y sus fiscales.
Sé que gracias a esta alianza entre fiscal y periodista, Victoria tenía el conocimiento previo de diligencias del proceso contra mi hijo.
Ahora la periodista es precandidata presidencial y asume un rol de dirigencia política y busca dirigir la nación.
Esta nueva realidad de una persona que busca legítimamente llegar al poder público, la inhabilita en usar procedimientos ilegítimos contra sus contrincantes.
Yo, mi hijo y muchos hemos pertenecido a una corriente política nacional que expresa una parte de la sociedad que piensa a Colombia y el mundo de una manera diferente a la que representa la candidata Victoria Dávila.
Somos contrincantes porque ella ha asumido el papel de oposición, y ésta en pleno derecho de hacerlo.
Lo que no está en su derecho es usar recursos y medios públicos para adelantar su campaña de proselitismo y menos cuando se trata de la libertad de una persona.
Aquí pruebo como la candidata Victoria Dávila usa su antiguo enlace físico dentro de la fiscalía, institución que es pública, y usa recursos públicos para su uso proselitista.
En estos documentos la candidata dice que se va a imputar un nuevo cargo contra mi hijo Nicolás. ¿Cómo lo supo?
Aquí las pruebas del hecho:
El anuncio de la candidata lo hace a las 8 am, lo hace por redes y logos de su campaña. Pero la acción de la fiscalía se hace es a las 2 de la tarde de ese día.
Eso indica que hay una articulación de mi contrincante y opositora y de su campaña y objetivos políticos con funcionarios de la fiscalía que están interviniendo en el caso de mi hijo.
Esto significa un uso abusivo de una candidata opositora del estado y sus recursos públicos, que no son solo erario, sino bienes, documentos y personas.
En la segunda prueba la misma candidata muestra un documento reservado de la fiscalía, (¿cómo lo obtuvo?), con la hora exacta en que se hizo la acción judicial: 2 pm, 6 horas después que se hiciera el anuncio en boca de la candidata de oposición.
Lo más grave, es la destrucción de los derechos de una persona, en donde se compromete su libertad. Todo ser humano en el mundo, como principio universal de la justicia, tiene el derecho a un juez neutral e independiente.
Aquí se comprueba una aberración judicial en el caso de mi hijo, hecha con funcionarios que deben ser individualizados, que no son jueces neutrales e independientes, sino que están al servicio de una campaña electoral y una candidata de la oposición a mi gobierno.
Lo que vemos aquí es una ruptura de la garantía procesal y de los derechos de mi hijo.
No me meto ni influyo en decisiones que deben ser tomadas de acuerdo a las conductas de mi hijo, pero en libertad, en justicia y en derecho.”
El caso Nicolás Petro
La denuncia del presidente se da en medio de un proceso judicial que ha captado la atención nacional. Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que habría recibido más de 1.050 millones de pesos de personas vinculadas al narcotráfico y al sector empresarial.
Entre los presuntos financiadores figuran Samuel Santander Lopesierra, alias el “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del polémico empresario cartagenero conocido como el “Turco” Hilsaca. Según la Fiscal del caso, los ingresos de Nicolás no se justifican con su salario como diputado, y se habrían ocultado mediante bienes puestos a nombre de terceros, incluyendo familiares de su expareja Day Vásquez.
Nueva imputación contra Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico
La Fiscalía General de la Nación hace unos días presentó una nueva imputación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la gestión de cinco contratos por más de 3.000 millones de pesos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Estos contratos, destinados a programas sociales para adultos mayores y personas con discapacidad, habrían sido utilizados como fachada para desviar recursos públicos, además de presuntamente presentar interés indebido en su adjudicación y falsedad en documento público.
A los cargos que ya enfrenta NIcolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se suman ahora los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
En el marco del proceso, la Fiscalía designó a una fiscal de apoyo para fortalecer la investigación y se radicó la solicitud de imputación ante un juez de control de garantías en Barranquilla, solicitando además medida de aseguramiento intramural contra Petro Burgos por riesgo de obstrucción a la justicia o reincidencia. La investigación también vincula a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, en el manejo de la fundación y en los presuntos hechos ilícitos.
Reacciones y contexto político
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones del presidente Petro. Tampoco lo ha hecho Victoria Dávila, quien aspira a la presidencia y ha sido señalada como figura clave en la filtración de información reservada del caso.
Este cruce de acusaciones intensifica la tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, y marca un nuevo capítulo en la politización de procesos judiciales de alto perfil en Colombia, justo en la antesala del calendario electoral de 2026.
Redacción Judicial |
