¿Las cifras de Salud presentadas por Gustavo Petro son correctas? La reciente alocución del presidente Gustavo Petro, que buscaba demostrarle al país los “avances” en materia de salud y en la que presentó cifras y estadísticas, se empañó rápidamente y se convirtió nuevamente en el hazmerreír de los colombianos, luego de que varios internautas, expertos y grandes opinadores, publicaran las incoherencias de las cifras y la errónea formulación de las gráficas estadísticas.
Según las cifras presentadas, la tasa de mortalidad materna en 2019 era de 51.53 mientras que en 2023 aumentó a 53.59, procediendo a mostrar luego una disminución para 2024 de 43.94 y para 2025 de 42.42, cabe aclarar que en estas cifras no se debe tener en cuenta los años 2020 y 2021 puesto que son datos atípicos en contexto de pandemia.
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Estos indicadores en razón de mortalidad muestran una disminución en la tasa, es cierto. Ahora bien, estas cifras han presentado grandes críticas porque para los expertos el presidente omite una variable importante, y es la de la tasa de nacimiento. Por ejemplo para 2023 la tasa de nacimiento tuvo una caída de -10,1 % y para 2024 de -14,4% respecto de los años anteriores.
Es algo meramente lógico y sencillo, a menos nacimientos, menos tasa de mortalidad. Enrique Peñalosa, investigador de la Universidad Javeriana y experto en salud pública, en entrevista en W Radio, señalo que la presentación de estas cifras puede generar confusión debido a la combinación de dos variables: casos y tasas. Esta mezcla dificulta una interpretación clara de los datos y puede llevar a conclusiones erróneas. Peñalosa recomienda utilizar únicamente las tasas de mortalidad para una comparación adecuada y evitar atribuir cambios en estos indicadores a la gestión de un gobierno sin un análisis metodológico riguroso. Además el experto advierte, sobre la peligrosidad de utilizar cifras preliminares, como las de 2025, que aún no han sido validadas oficialmente. Estas cifras pueden estar sujetas a cambios y no reflejan la realidad completa del fenómeno. ¿Las cifras de Salud presentadas por Petro son correctas? ¿Ha mejorado acaso la salud de los Colombianos? La crisis de la salud en Colombia ya no es una advertencia: es una realidad que golpea cada día a millones de ciudadanos. Lo que antes se manejaba como un problema de gestión, hoy es un drama explícito, con tutelas disparadas, quejas en aumento y familias que tienen que pagar de su bolsillo lo que el sistema debería garantizarles. Y frente a este panorama, el Gobierno, en lugar de dar soluciones, insiste en improvisar, en gobernar por decreto y en intervenir sin estrategia. Las cifras hablan por sí solas. Entre enero y mayo de este año 2025, las tutelas por servicios de salud aumentaron un 16 % frente al mismo periodo de 2024.
Las quejas ante la Defensoría del Pueblo, que en 2022 fueron 19 mil, podrían llegar a 34 mil en 2025. Eso es un incremento del 80 % en apenas tres años. Y en cuanto al bolsillo de la gente, en 2021 las familias destinaban el 3,3 % de sus ingresos para cubrir gastos de salud; hoy ya superamos el 4 %. Cada punto en esas estadísticas es una historia de angustia, un paciente sin medicina, una madre que no consigue cita para su hijo, un adulto mayor sin tratamiento. ¿Y cuál ha sido la respuesta de este nefasto Gobierno? Una reforma que se hundió en el Congreso en abril de 2024 y que, en lugar de replantearse, el presidente decidió y prefirió imponer a pedazos por decreto dicha reforma. Esa no es la salida. Así no se gobierna un país: con atajos, con imposiciones, menos aún en un tema tan sensible como la salud. A esto se suma la desastrosa política de intervenciones. Hoy, siete, siete de las nueve EPS más grandes están bajo control del Estado, lo que equivale al 60 % de los afiliados del país. Pero lejos de mejorar, la situación empeoró. Si, empeoró. En seis de esas EPS las quejas de los pacientes aumentaron después de la intervención; en siete, las deudas crecieron en lugar de disminuir; y casos como el de Nueva EPS son vergonzosos: más de 11 millones de afiliados a cargo y tres interventores distintos en cuestión de meses. Mientras cambian funcionarios, los hospitales esperan pagos y los usuarios esperan atención. El problema de fondo es la falta de rigor técnico.
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En 2025, el ajuste de la UPC fue apenas del 5,36 %, cuando los mismos cálculos internos del Gobierno recomendaban un aumento de entre el 10 y el 14 %. En lugar de escuchar a los expertos, el Ministerio de Salud los despidió. Así se gobierna con improvisación, no con ciencia ni mucho menos con responsabilidad. La verdad es clara: la salud en Colombia no se está derrumbando sola; la están derrumbando con decisiones políticas erradas, con intervenciones sin rumbo y con un discurso que niega la realidad. Y mientras desde la Casa de Nariño insisten en hablar de “avances”, son los pacientes los que cargan con la peor parte: desatención, trámites interminables, deudas, gastos extras y vidas en riesgo.
Como congresista de oposición, lo digo con firmeza: la salud de los colombianos no puede ser botín político ni experimento de gobierno. Se necesita claridad en las cuentas, respeto por el Congreso, sanciones ejemplares contra la corrupción y, sobre todo, un plan serio, un plan serio que devuelva confianza y dignidad a los pacientes. Lo demás son discursos vacíos. El Presidente olvidó decir en su alocución que el último informe de la Contraloría General de la República del pasado mes de Julio, prende las alarmas sobre el sistema de salud colombiano con un informe categórico: la salud se sobrecarga y las EPS, las Entidades Promotoras de Salud, naufragan bajo una deuda de 32,9 billones de pesos al cierre de 2024, un ejemplo claro de insostenibilidad financiera estructural. Esta cifra no es un dato más, es el reflejo de años de problemas acumulados que se han profundizado en el presente gobierno, y hoy, amenazan la prestación del servicio a millones de colombianos. La magnitud de la crisis es alarmante.
Solo seis de las 29 EPS cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Estas seis EPS apenas cubren al 10,92 % de los afiliados. El 89 % restante de la población está vinculada a EPS financieramente precarias, lo que pone en riesgo la atención en salud y evidencia que la intervención estatal, lejos de ser una solución definitiva, no ha logrado revertir la tendencia negativa.
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Las EPS intervenidas por el gobierno reflejan una “profunda crisis estructural”, una situación que se repite en varias regiones del país y que afecta directamente a los pacientes. En 2024, el Estado giró billones mediante la Unidad de Pago por Capitación, sin embargo, persiste una diferencia inexplicada de 2,7 billones de pesos entre lo girado y lo reportado por las EPS. Este faltante genera desconfianza, alimenta teorías de corrupción y ha profundizado la polarización política.
El gobierno, especialmente el presidente Gustavo Petro, ha afirmado que la responsabilidad recae en los propietarios privados de las EPS y en su manejo ineficiente del sistema, calificando incluso la intermediación como “quizás el mayor desfalco de dinero a la Nación en toda su historia”. Por su parte, los gremios de EPS replican que el problema real es otro: la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente frente al costo real de prestación de servicios. Lo que tenemos frente a nosotros no es solo una crisis, sino una oportunidad histórica para reformar el sistema de salud colombiano, pero sin destruir lo que sí funciona.
El informe de la Contraloría invita a una salida concertada y técnica, no a decisiones populistas ni a confrontaciones políticas. Recomienda transparencia en la gestión de recursos, trazabilidad de los giros, auditorías rigurosas y regulación efectiva. La pregunta no es si estamos en crisis —porque claramente lo estamos—, la pregunta entonces es si tendremos la madurez y la voluntad colectiva para convertir esta crisis en un punto de inflexión que permita construir un sistema de salud sólido, transparente y verdaderamente garantista. Si no lo hacemos ahora, los costos sociales serán altísimos y la confianza de los ciudadanos, irreversiblemente estará erosionada. Las regiones apartadas e históricamente relegadas como por ejemplo el Departamento del Chocó, son las que más han sufrido la destrucción del Sistema de Salud.
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El presidente Gustavo Petro anunció en su última alocución la necesidad de intervenir el sistema de salud del Chocó. Sin embargo, el país ya está acostumbrado a escuchar diagnósticos cargados de dramatismo sin que se concreten soluciones estructurales. El mandatario insiste en adjudicarse avances que, en muchos casos, corresponden a esfuerzos previos de los territorios y a programas que venían en marcha antes de su administración. La crisis del Chocó, como explicó la gobernadora Nubia Córdoba, no es nueva: hace más de 20 años la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la red de puestos de salud, con un pasivo que en su momento superó los 100.000 millones de pesos y que hoy sigue en el orden de los 47.000 a 50.000 millones. Esa deuda mantiene en vilo a más de 1.200 acreedores, entre ellos médicos y enfermeras que llevan más de dos décadas esperando sus pagos, mientras más de 20 centros de salud permanecen pignorados para el pago de la deuda de hombres y mujeres que llegaron a la vejez, e incluso a la muerte, esperando, durante más de 20 años, por el pago de sus salarios, los cuales debieron haber sido pagados en su momento, por el Departamento Administrativo de Salud. El panorama es dramático, pero lo es aún más cuando el Gobierno Nacional se limita a anunciar “intervenciones” sin garantizar un respaldo financiero sólido para resolver el problema de fondo. Si de verdad se quiere mejorar la salud en el Chocó y en Colombia, el debate debe elevarse por encima de los cálculos políticos y las confrontaciones con el Congreso de la República. Es necesario un plan viable, respaldado con recursos y con garantías de transparencia en la ejecución, que no repita los errores de corrupción del pasado. No necesitamos más discursos presidenciales, ni alocuciones con cifras maquilladas, el País necesita acciones concretas y sostenibles. Y en eso, Y en eso, y en eso, el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad que no puede seguir evadiendo.
