La crisis por la expedición de pasaportes en Colombia llegó a un punto crítico. A solo un mes y 23 días de que expire el contrato vigente con la firma Thomas Greg & Sons, el país aún no tiene certeza de quién fabricará las cerca de 8.000 libretas diarias que requieren los colombianos. El futuro del proceso está en el aire, mientras se acumulan largas filas, agendas colapsadas, informes técnicos y un pulso político que ya cobró su primera baja: la salida de la canciller Laura Sarabia, quien renunció tras perder el respaldo del presidente Gustavo Petro.
Un contrato millonario sin continuidad
El contrato actual, que garantiza la impresión de pasaportes desde hace años, fue prorrogado de forma excepcional tras una licitación fallida en 2023 y otra serie de decisiones polémicas que incluso le costaron el cargo al excanciller Álvaro Leyva. El proceso ha estado en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que desde hace años lidera la fabricación de documentos oficiales en el país.
En mayo de 2023, la Cancillería abrió una licitación para renovar ese servicio, pero en septiembre el entonces canciller Leyva la declaró desierta, argumentando que Thomas Greg era el único proponente. Se optó por una urgencia manifiesta y una prórroga del contrato. Ya en 2024, tras nuevas tensiones políticas, esa decisión llevó a la Procuraduría a sancionar e inhabilitar a Leyva por 10 años.
En junio de este año, la ministra Laura Sarabia intentó un nuevo acuerdo: una prórroga de 11 meses más con Thomas Greg, mientras se estructuraba un convenio con el gobierno de Portugal y su Casa de la Moneda para que la Imprenta Nacional asumiera gradualmente la producción de los documentos. Sin embargo, el presidente Petro rechazó ese plan, calificando de inconveniente cualquier nuevo vínculo con la multinacional, a la que ha señalado –sin pruebas formales– de actos de corrupción para mantenerse en el negocio.
Las advertencias técnicas y jurídicas
En medio del limbo contractual, el pasado lunes 7 de julio, funcionarios de la Procuraduría y la Contraloría realizaron visitas de inspección a la Cancillería y a la Imprenta Nacional. La finalidad: verificar si el plan de asumir la producción estatal es viable en el corto plazo. El resultado, según fuentes oficiales, fue contundente: la Imprenta no tiene la capacidad técnica ni operativa para asumir la tarea a partir del 1° de septiembre.
El informe, aunque aún no se ha hecho público, advierte sobre posibles riesgos de detrimento patrimonial y afectaciones al derecho fundamental de libre movilización. Además, se señala que no existe infraestructura suficiente, ni personal capacitado, ni se han completado las transferencias tecnológicas necesarias. Esto refuerza la posición que había sostenido Sarabia antes de su salida del cargo: el proceso necesita al menos nueve meses para ponerse en marcha adecuadamente.
Agendas colapsadas
Las sedes de pasaportes viven una sobredemanda. Solo en Bogotá, las dos sedes habilitadas atienden hasta 4.600 personas por día, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., lo que equivale a más de 500 personas por hora. El sistema de agendamiento está saturado y muchos colombianos denuncian que no encuentran citas disponibles ni siquiera para las semanas siguientes.
El temor colectivo es claro: quedarse sin pasaporte justo en época de vacaciones o con trámites internacionales en curso. La Cancillería intentó bajar el tono asegurando que hay inventario suficiente, pero no precisó cuántas libretas están disponibles ni qué pasará una vez se agoten.
La alternativa podría ser entregar el contrato a una firma colombiana. En este caso, Cadena S.A., empresa con trayectoria en servicios gráficos y tecnológicos, que desde hace años ha intentado ingresar a la operación.
Un limbo con consecuencias
Lo que está en juego no solo son $3,2 billones de pesos, sino la capacidad del Estado colombiano de garantizar un derecho básico: el acceso a documentos de identificación internacional. En una situación similar, el excanciller Leyva fue sancionado por frenar la licitación pública; ahora, los expertos advierten que si no se toma una decisión con prontitud, podrían repetirse errores jurídicos y administrativos.
Por ahora, la vicecanciller Rosa Villavicencio asumirá el cargo de forma interina y comenzará el empalme con el equipo saliente. La incertidumbre persiste y el país continúa sin una respuesta clara, mientras miles de colombianos esperan una cita, una libreta o simplemente que alguien en el Gobierno les asegure que no se van a quedar sin pasaporte. La cuenta regresiva ya comenzó.
CRONOLOGÍA DEL CASO
- Mayo de 2023: Cancillería abre licitación por $600.000 millones para la impresión de pasaportes.
- Septiembre de 2023: Canciller Álvaro Leyva declara desierta la licitación y extiende contrato con Thomas Greg.
- Febrero de 2024: Nuevo intento de adjudicación cae; Leyva es sancionado por la Procuraduría.
- Octubre de 2024: Canciller Murillo anuncia convenio con Portugal y se extiende contrato actual.
- Julio de 2025: Sarabia propone nueva prórroga con Thomas Greg. Petro la rechaza. Sarabia renuncia.
- Agosto de 2025: No hay convenio firmado con Portugal, ni adjudicación formal a otra empresa. Persiste la incertidumbre.
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