La Corte Constitucional revocó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Sanitas, medida que estuvo vigente durante 15 meses. La decisión fue recibida con firmeza y preocupación por parte de Keralty, empresa matriz de Sanitas, que denunció graves daños operativos, financieros y humanos en la entidad.
Pronunciamiento oficial de Keralty tras el fallo
Desde las oficinas del Grupo Keralty en Bogotá, el abogado del grupo, Juan David Riveros, se pronunció sobre la decisión judicial que ordena la restitución de la EPS a sus accionistas y el levantamiento de la intervención estatal.
Riveros indicó que aún no tienen acceso completo al texto de la sentencia SU-277 de 2025, pero esperan estudiarlo en detalle durante la próxima semana. El equipo legal prevé que en aproximadamente quince días podrían retomar el control total de la compañía para iniciar un análisis exhaustivo de la situación actual de la EPS.
Keralty denuncia “devastación” tras intervención estatal
En un comunicado oficial, Keralty expresó que la justicia colombiana les ha dado la razón al declarar ilegal la intervención que mantuvo la Superintendencia durante más de un año. Sin embargo, advirtieron que reciben una empresa en condiciones críticas y que esta victoria jurídica no borra el daño “moral, institucional, financiero y humano” sufrido por la compañía, sus usuarios, trabajadores y el sistema de salud en general.
Según Keralty, la intervención fue parte de una estrategia “premeditada, arbitraria y malévola” que inició con la asfixia financiera, continuó con la persecución administrativa y finalizó con el desmantelamiento interno de Sanitas.
“Primero nos asfixiaron financieramente… luego nos persiguieron administrativamente… después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro”, señaló la organización.
La EPS fue entregada con:
- Altos compromisos financieros
- Niveles récord de quejas y tutelas
- Redes fragmentadas
- Atención deteriorada, inoportuna y desintegrada
- Equipos humanos afectados profundamente
Keralty recalcó que este no es un día de celebración sino de “recogimiento, dolor y determinación firme y serena”.
Acciones legales y exigencias
Keralty anunció que continuará con acciones legales contra el Estado colombiano por los perjuicios causados, exigiendo reparación integral, verdad y el establecimiento de responsabilidades.
“No queremos venganza, pero sí exigimos reparación… continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano y los responsables deberán rendir cuentas ante tribunales nacionales e internacionales”, dijo el comunicado.
La empresa advirtió además que, si el Gobierno no cumple con sus obligaciones inmediatas para garantizar la sostenibilidad financiera de la EPS y del sistema de salud, no tendrán más alternativa que desistir de continuar con la operación.
Situación financiera estructural: un problema sin resolver
Keralty recordó que el sistema de salud colombiano arrastra una crisis financiera estructural, agravada por la insuficiencia de la Unidad por Pago de Capitación (UPC), la concentración asimétrica del riesgo y las deudas acumuladas desde la pandemia.
El comunicado insta al Gobierno a actuar con urgencia y responsabilidad para evitar el colapso del sistema, pidiendo una coalición ética y técnica que incluya a empleados, redes de prestadores, usuarios, servidores públicos, partidos políticos y sociedad civil.
Comunicado completo de Keralty (EPS Sanitas)
Bogotá, 27 de junio de 2025
Sin solucionarse el problema de sostenibilidad financiera en el sistema de salud, la Justicia restituye la EPS Sanitas a sus accionistas
En un fallo histórico, la Corte Constitucional ordenó revocar la “intervención arbitraria e ilegal que la Superintendencia Nacional de Salud había adelantado en contra de nuestra EPS SANITAS, obligando al Gobierno a retornarla a sus accionistas y a restituir sus órganos de Gobierno y Administración.
Sin embargo, lo que hoy, para muchos, debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo.
La justicia colombiana nos ha dado la razón: se ha declarado ilegal la intervención de nuestra EPS Sanitas. Después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado.
Pero esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado, no sólo a nosotros como organización, sino a millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud que han sufrido en carne propia las consecuencias de una estrategia deliberada de destrucción.
Porque esto no fue un error, fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó.
Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas.
El propio Presidente Gustavo Petro lo declaró en campaña y en Gobierno: acabaría con las EPS, de una forma u otra. Lo repitieron sus Ministros. Y lo ejecutaron paso a paso.
Luego nos persiguieron administrativamente, con auditorías, investigaciones y campañas de desprestigio que no hallaron una sola falta material, ética o legal, en nuestra gobernanza.
Después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro, desmantelando a la EPS Sanitas, destruyendo parte del modelo, debilitando redes, abandonando a los pacientes y desmoralizando a nuestros equipos.
Finalmente, dejaron que el deterioro progresivo hiciera el “trabajo sucio”: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera.
Todo esto se hizo en nombre de una supuesta transformación del sistema de salud que, en realidad, ha puesto en riesgo la vida de millones de colombianos, demostrando, desgraciadamente, la inexistencia de un diseño sólido y de valor, alternativo, al servicio de la población.
Hoy recibimos una empresa devastada:
Altamente comprometida financieramente
Con servicios deteriorados, con niveles de quejas y tutelas sin precedentes.
Con redes fragmentadas
Con una atención deteriorada, inoportuna y desintegrada para los usuarios
Con equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación
Con todas estas condiciones este día no es de celebración, es de recogimiento, de dolor, y también de determinación firme y serena.
No queremos venganza. Pero sí exigimos reparación integral, verdad y responsabilidades. Y lo diremos con toda claridad: continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano, y los autores intelectuales y operativos de este despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales.Keralty
La financiación, el problema de fondo, sigue sin solucionarse
Históricamente, el sistema de salud colombiano ha tenido dificultades en su financiación, situación que los distintos gobiernos han enfrentado durante los últimos años.
Hace cerca de dos años, en conjunto con la EPS Sura y la EPS Compensar, alertamos de manera oportuna y responsable la angustiosa situación financiera que vive el sistema de salud en el país como consecuencia principalmente de tres problemas críticos:
- Insuficiencia de la Unidad por Pago de Capitación (UPC)
- Concentración asimétrica del riesgo
- Las cuantiosas deudas acumuladas, exacerbadas por la pandemia de Covid-19.
Estos problemas persisten. El Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional en materia de derechos a la salud y a la vida reconoce la insuficiencia de la UPC.
Ahora necesitamos un milagro transitorio. El Gobierno de Colombia como único responsable de la crítica situación actual, no puede continuar incumpliendo con su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema. Solo con la debida dotación de los recursos necesarios y con la contribución concertada de todos los actores del sistema, podremos superar este período crítico sin que el sistema colapse.
Para que este milagro se materialice se requiere una coalición ética y técnica que haga posible la reconstrucción, con el involucramiento de todos los que aún creemos en un sistema de salud viable:
Con nuestros empleados y directivos
Con nuestras redes de prestadores propias y externas
Con nuestros usuarios y pacientes
Con los verdaderos servidores públicos
Con los partidos políticos de todos los colores
Con la sociedad civil que no se rinde
Con todos los colombianos que aún creemos que es posible cuidar a los demás sin destruir lo que funciona.
Con la Justicia colombiana, para que haga cumplir sus sentencias al Gobierno
Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas.
A pesar de los persistentes intentos de silenciarnos en los escenarios clave de discusión, recuperaremos la voz que como referentes del sector nos corresponde para continuar defendiendo la salud de los colombianos en todas las instancias de participación.
Trabajaremos para tratar de reconstruir EPS Sanitas. Será una ardua tarea. Lo haremos con dolor, pero también con convicción. No nos mueve el resentimiento. Nos mueve el amor a la vida, a la salud y a Colombia.
Porque esta no es solo la causa de una compañía. Es el llamado urgente a salvar lo que queda de un modelo que, con sus oportunidades de mejora, ha salvado millones de vidas y ha sido el modelo destacado en la región. Y es también una ocasión de reconstruirlo con más justicia, más eficiencia y más compasión.
Hoy empieza una nueva etapa. No será fácil recomponer los graves perjuicios y daños generados por una errática e injusta intervención, con un impacto negativo en la salud de los colombianos. Desde Keralty y EPS Sanitas, pondremos todos nuestros esfuerzos para enfrentar la situación con dignidad, con ciencia, con compasión y con coraje. Insistimos en la necesaria reordenación y cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones y compromisos inmediatos para abordar este complejo proceso.
En línea con la transparencia que nos caracteriza, es nuestro deber puntualizar que: si no se presenta el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Gobierno, no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante.
Contexto adicional
La intervención de la Supersalud sobre Sanitas inició en abril de 2024 y fue prorrogada en 2025. Durante este tiempo, los indicadores de calidad y atención empeoraron, reflejándose en un aumento significativo de quejas y tutelas, según datos públicos.