Con un mensaje de urgencia y un ambiente de confrontación política latente, arrancó este lunes la audiencia pública en el Senado sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En juego no solo está el articulado de un proyecto revivido tras haber sido hundido en su primer intento, sino la posibilidad real de cambiar las reglas del mercado laboral colombiano, en medio de la presión de gremios, sindicatos, empresarios y trabajadores.
“A los tiempos le vamos a poner la chancleta, el acelerador”, expresó la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, al confirmar que el proyecto se debatirá con prioridad hasta el 30 de mayo.
El Gobierno pisa el acelerador
Desde el Ministerio del Trabajo, la consigna es clara: sacar adelante la reforma antes del 20 de junio. El Ejecutivo considera que el proyecto es parte esencial del paquete de transformaciones sociales prometidas desde campaña y busca, según sus voceros, “reorganizar el mundo del trabajo” y restituir derechos perdidos en décadas de flexibilización laboral.
Gremios empresariales: “la reforma no combate la informalidad y puede destruir empleo”
El Consejo Gremial Nacional ha manifestado su apoyo al diálogo social, pero alertó sobre el contenido del proyecto: “No se puede aprobar una reforma solo como premio de consolación al Gobierno tras el hundimiento de la consulta popular”, advirtió Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
César Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política, fue aún más crítico:
“La reforma encarece el empleo formal y no resuelve la informalidad. Se requiere un análisis técnico serio. Esto no puede construirse solo desde buenas intenciones”.
Los gremios calculan que hasta 450.000 empleos formales podrían perderse si se aprueba el articulado sin ajustes sustanciales, principalmente por medidas como la generalización de los contratos a término indefinido, los aumentos en los recargos nocturnos y dominicales, y nuevas exigencias que afectarían particularmente a las mypimes y sectores intensivos en mano de obra.
No todo fue rechazo. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, manifestó que el sector empresarial está dispuesto a conversar sobre los cambios necesarios, incluso en temas sensibles como los horarios laborales y los recargos dominicales, “siempre que haya tratamiento especial para sectores vulnerables”.
“Es momento de pasar la página y construir una reforma realista, buena para trabajadores y empresarios”, dijo Mac Master.
Sindicatos y centrales obreras: “basta de mirar solo los costos”
Desde el otro extremo del espectro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó la narrativa de los gremios. Jorge Ruiz, vocero de la organización, afirmó que hay una urgente necesidad de proteger a los trabajadores frente a décadas de precarización.
“No se trata de quebrar empresas, se trata de rescatar derechos. Hay que bajarle a esa candela empresarial que se opone a todo lo que no implique abaratar costos”, sostuvo Ruiz.
El Congreso
La Comisión Cuarta del Senado está llamada a liderar el debate con el tiempo en contra. La agenda de discusión es apretada:
- Lunes 19 de mayo: audiencia pública
- Martes 20: sesión con ministros del Trabajo e Interior
- Miércoles 21: comparecencia de expertos y gremios
- Jueves y viernes: ponentes redactarán la ponencia
- Lunes 26 al viernes 30: debate del articulado
El objetivo es lograr el primer debate antes del cierre del mes, para que el proyecto avance a plenaria del Senado en junio.
🧩 ¿Qué está en juego?
Esta es la segunda vez que el Congreso se enfrenta a este proyecto, que fue archivado inicialmente pero revivido por apelación. Su aprobación no solo implicaría transformaciones profundas en el sistema laboral, sino también una victoria política para el Gobierno Petro, que ha visto caer sus otras dos grandes apuestas: la reforma a la salud y la reforma pensional (esta última, en revisión por la Corte Constitucional).
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