La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a diez antiguos integrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra comunidades étnicamente diversas en el nororiente del país.
La decisión hace parte del Caso 09, que investiga violencias ejercidas por esa guerrilla contra pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Bolívar, Santander, Cesar y Antioquia.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los excomandantes son responsables de un plan criminal sistemático y prolongado que incluyó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, uso de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual y bombardeos indiscriminados en zonas habitadas por civiles.
“Estas conductas no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de una política deliberada de control territorial que implicó estigmatizar a comunidades enteras, acusándolas de colaborar con el enemigo, y someterlas a crímenes atroces”, explicó el tribunal.
Los crímenes y su contexto
La JEP documentó que el Bloque Magdalena Medio persiguió a líderes sociales y campesinos, incluidos defensores de derechos humanos, miembros de juntas de acción comunal, comerciantes, ganaderos, docentes y mototaxistas. Estas personas fueron objeto de amenazas, asesinatos y desapariciones, especialmente cuando sus acciones comunitarias eran vistas como contrarias a los intereses de las Farc.
La jurisdicción también halló pruebas del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, incluidos casos de niñas menores de 15 años que fueron sometidas a abortos forzados y otras formas de violencia sexual. Además, se responsabiliza a los excomandantes por ataques con artefactos explosivos improvisados, como cilindros bomba, lanzados contra pueblos, corregimientos y caminos transitados por civiles.
El tribunal insistió en que estos hechos deben ser esclarecidos con la verdad plena, en un proceso que permita avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.
La imputación contra estos excomandantes se suma a las ya realizadas en el Caso 01 (secuestros) y otros macrocasos que investiga la JEP desde su creación en 2017, en cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
¿Quiénes son los 4 imputados?:
1. Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero
Ingresó a las Farc en 1982 como guerrillero raso y escaló posiciones hasta integrar el Estado Mayor Central. Fue comandante del Frente 20, coordinador de las Unidades Sur y Norte, y jefe del Frente 33 entre 2000 y 2016. Tras la muerte de ‘Alfonso Cano’, fue nombrado miembro principal del órgano más alto de mando. La JEP lo señala por su responsabilidad en el diseño e implementación de estrategias de control territorial que incluyeron secuestros, desapariciones y ataques a civiles.
2. Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina
Con tan solo 12 años, se unió a las Farc en 1967. Fue comandante del Frente 12 y del Frente 24, y coordinador de las Unidades Sur y Centro. Desde 2003 integró el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Dirigió compañías especializadas en combate y control del orden público. Era uno de los hombres de confianza de Pastor Alape, comandante del Bloque. La JEP lo imputa por haber liderado estructuras involucradas en prácticas sistemáticas de secuestro y reclutamiento forzado.
3. Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas
Se unió a la guerrilla en 1982 y fue trasladado en 1993 al Bloque Magdalena Medio como jefe de seguridad de Pastor Alape. Ocupó diversos cargos en las unidades Centro y Sur, y desde 2000 formó parte del Estado Mayor del Bloque. Tuvo bajo su mando compañías responsables de acciones políticas y militares, muchas de las cuales derivaron en violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
4. Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez
Ingresó a las Farc a los 13 años y fue parte de la guardia personal de ‘Jacobo Arenas’ y luego de ‘Timochenko’. Tuvo un rol destacado en la formación de guerrilleros en técnicas de combate. Entre 1998 y 2002 fue jefe de la comisión de finanzas del Frente 23, estructura encargada de obtener recursos mediante extorsión y secuestros. Fue capturado en 2002 y recobró la libertad tras firmarse el Acuerdo de Paz en 2017. La JEP le atribuye responsabilidad en delitos cometidos durante su liderazgo financiero y operativo.
Los imputados tienen 30 días hábiles para aceptar los cargos y reconocer su responsabilidad ante las víctimas. Si no lo hacen, enfrentarán un juicio ante el Tribunal para la Paz, lo que podría conllevar sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
