Presidente Petro se refirió a la imputación de cargos al expresidente de la NuevaEPS, José Fernando Cardona

Presidente Gustavo Petro se refirió a la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación al  expresidente de la NuevaEPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos por el presunto ocultamiento de 14 millones facturas y la desviación de $70.500 millones de deuda con las IPS.

En su mensaje, Petro denunció el encubrimiento de esta deuda por parte de los responsables, acusando a políticos y medios de comunicación cooptados por intereses privados de desinformar sobre la situación. Señaló que la intervención de su gobierno fue clave para destapar el desfalco, y cuestionó a las autoridades y entidades pasadas por permitir que estos actos ocurrieran sin supervisión adecuada.

El presidente también criticó duramente el sistema de intermediación financiera de las EPS, alegando que el modelo impuesto desde 2014 es insostenible y ha llevado a la crisis de derechos fundamentales en el país.

Este es el extenso mensaje del primer mandatario en su cuenta de X:

«A pesar que me han querido silenciar, aquí la justicia imputa cargos contra altos directivos con nombre propio, de la Nueva EPS y muestra como ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental.
Los políticos y la prensa cooptada por los vampiros de la salud, de manera torva, adjudican estos 5 billones de deuda de la EPS privada, a clínicas y hospitales, a la actividad de intervención del gobierno actual: ¡partida de mentirosos!
¿Quién pagará esta deuda? ¿A que clínicas privadas y agencias farmacéuticas, se giraron anticipos, mientras se dejaban 5 billones de pesos en deudas a otras clínicas y hospitales?, ¿quién seleccionaba políticamente a que clínica se le hacia anticipo y a que clínica se la dejaba endeudada y en quiebra?¿quiénes son los propietarios de esas clínicas privilegiadas?
¿Qué papel cumplió la junta directiva de la Nueva EPS para permitir o impedir que una desaparición tan cuantiosa de deuda fuera ocultada en los estados contables?
¿Qué papel cumplió el señor Vargas Lleras, miembro de la Junta? Si los propietarios privados de la Nueva EPS estaban compuestos por cajas de compensación, que usan dinero de los trabajadores, que responsabilidad tendrán ante la deuda oculta para pagarla? ¿Por qué superintendentes de gobiernos pasados, ministros de salud de gobiernos pasados y delegados a la junta en representación del estado, no advirtieron tamaño ocultamiento de deudas?
¿Cúal es su responsabilidad? Solo la intervención que hizo mi gobierno ha puesto al descubierto como decenas de billones de pesos de recursos públicos se han perdido con al desaparición de las reservas técnicas obligatorias en muchísimas EPS privadas, en los contratos para atender el covid, investigación hecha por la contraloría general, en la apropiación patrimonial de recursos públicos para construir patrimonios particulares de dueños de las EPS, en la financiación extranjera a partidos y congresistas por parte de EPS, que parecen utilizar como sobornos, y que el nuevo Consejo Nacional Electoral debe investigar.
¿Aun la comisión séptima del senado se negará a aprobar la reforma a la salud que quite este nefasto papel de intermediación financiera de las EPS? El sistema de intermediación financiera construido sobretodo desde el 2014, es insostenible. Es la elucubración errónea de economistas cramatísticos que impusieron sobre un derecho fundamental, un sistema de mercado financiero, tal como hizo Carrasquilla con los bonos del agua. Esto debe ser profundamente estudiado por los magistrados de cualquier color político. No se pueden garantizar los derechos fundamentales que ordena la constitución de 1991 con mercados financieros y subsidios que colapsan las finanzas del estado.
No es sostenible, repito, no es sostenible. No se puede garantizar los derechos universales a la pensión, a la salud, al agua potable, a la educación, con simples mercados financieros. Un absurdo así, de antemano, solo lleva a que los derechos fundamentales no sean ni progresivos ni universales, es decir, no sean derechos, contrariando totalmente la constitución.
Las propuestas del gobierno para salir de esta trampa ideológica fundamentalista que condena a millones de colombianas y colombianos a la vulneración grave de sus derechos, pueden ser imperfectas, pero no son improvidadas, recogen lo mejor de la experiencia mundial, que hace tiempo deshechó los infundios fundamentalistas de una ideología que nos llevó hasta la crisis climática y la crisis integral de la vida y la humanidad».