La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) ha solicitado formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la senadora Sandra Ramírez, conocida también como «Griselda Lobo», sea investigada dentro del macrocaso 07, que examina los crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
El rol de Sandra Ramírez y la petición de Fevcol
La petición, dirigida a la magistrada Lily Andrea Rueda de la Sala de Reconocimiento de la JEP, argumenta que Ramírez, en su condición de cabecilla dentro de las extintas Farc-EP, tuvo conocimiento de prácticas como esclavitud sexual, abortos forzados y reclutamiento de menores. Según Fevcol, su responsabilidad radica no solo en haber estado al tanto de estos hechos, sino en su presunta omisión, promoción o silencio, lo que habría facilitado la perpetuación de estos crímenes dentro de la guerrilla.
El documento presentado por Fevcol, y al que tuvo acceso W Radio, no se centra en una orden directa de Ramírez sobre estos crímenes, sino en su influencia dentro de la estructura guerrillera. En particular, se destaca su cercanía con el Secretariado de las Farc y su rol como figura femenina influyente en las decisiones internas de la organización. Su relación con alias «Tirofijo», fundador y líder de la guerrilla, así como su participación en la toma de decisiones estratégicas, refuerzan la hipótesis de su responsabilidad indirecta.
Fundamentos jurídicos de la solicitud
El abogado que representa a las víctimas argumentó que el derecho internacional contempla figuras como la «contribución significativa» y la «responsabilidad por omisión», reconocidas por la Corte Penal Internacional y aplicables al caso de Ramírez. Según la petición, su posición de poder dentro de la guerrilla y su cercanía con los máximos dirigentes la harían responsable por inacción o permisividad frente a estos crímenes.
Además, se citan normativas internacionales como el Estatuto de Roma, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establecen que los delitos de violencia sexual no pueden ser objeto de amnistía ni conexos a delitos políticos, según el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Evidencias y testimonios
La solicitud de Fevcol está respaldada por testimonios de excombatientes, informes entregados a la JEP y declaraciones en medios de comunicación. En estos documentos, se menciona a Ramírez como conocedora de los abusos sufridos por niñas y mujeres dentro de las Farc. También se destaca que, tras la firma del Acuerdo de Paz, en su rol como vocera del Partido Comunes, negó en varias ocasiones la existencia de una política sistemática de violencia sexual dentro de la guerrilla.
El macrocaso 07 y su relevancia
El macrocaso 07 de la JEP investiga la violencia sexual, los crímenes reproductivos y otros delitos de género cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Según la JEP, estos delitos fueron sistemáticos y, en muchos casos, ocurrieron en escenarios de reclutamiento forzado de menores, lo que agrava la responsabilidad de los perpetradores.
Desde su apertura, este caso ha recopilado información de organizaciones de víctimas, excombatientes y entidades de derechos humanos. La solicitud de Fevcol busca que Ramírez sea incluida en la lista de responsables y que, en caso de hallarla culpable, se le impongan las sanciones correspondientes dentro del marco de la justicia transicional.
Hasta el momento, la senadora Sandra Ramírez no ha emitido un pronunciamiento público sobre la solicitud presentada en su contra. Sin embargo, su partido, Comunes, ha defendido en reiteradas ocasiones que la violencia sexual no fue una política sistemática dentro de la guerrilla y que este tipo de señalamientos buscan deslegitimar a los excombatientes en la vida política.
Por otro lado, si la JEP acepta la solicitud y decide vincular a Ramírez a la investigación, podría enfrentar un proceso de verdad, justicia y reparación dentro del sistema transicional.
