Recientemente, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte declaración sobre el control de los medicamentos en Colombia, planteando que el país debe ir “por los medicamentos” en un intento por erradicar el monopolio y la especulación de precios por parte de los gestores farmacéuticos. Este pronunciamiento ha causado revuelo tanto en el sector político como en el sector salud, dejando en el aire una pregunta crucial: ¿tiene el presidente las facultades para intervenir de esta manera?
Petro expresó que, en varias ciudades del país, los ciudadanos se enfrentan a un caos en el acceso a los medicamentos. Según el mandatario, grandes organizaciones encargadas de la distribución de fármacos han elevado artificialmente los precios y están acaparando medicinas para «sabotear las políticas de salud pública». De acuerdo con su denuncia, estas prácticas son comunes en varias regiones y tienen consecuencias directas sobre la salud de la población.
En medio de este panorama, Petro propuso “democratizar los gestores de la salud”, un llamado a transformar las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en gestores farmacéuticos, eliminando su rol actual de intermediación financiera. En sus palabras, las EPS que deseen asumir esta nueva función serán bien recibidas por su Gobierno. Esto se enmarca dentro de la polémica reforma a la salud que Petro promueve, la cual sigue siendo debatida en el Congreso y ha sido rechazada por diversas fuerzas políticas.
“No necesitamos del Congreso para reformar la salud”: presidente Petro
El presidente no oculta su descontento con el Congreso y ha señalado que, aún sin la reforma, tiene las facultades necesarias para actuar en materia de salud, basándose en las leyes vigentes. Petro ha subrayado que, a través de las normativas actuales, su gobierno puede llevar a cabo transformaciones inmediatas en el sector salud, como la intervención de las EPS o la modificación de sus roles dentro del sistema.
Los opositores del mandatario, como la senadora Paloma Valencia, han criticado que las reformas no pueden implementarse sin el debido proceso legislativo. En particular, mencionan la Ley 100 de 1993, que ha regido el sistema de salud del país durante más de 30 años, y señalan que el presidente no puede saltarse las normativas establecidas para implementar cambios sin la aprobación del Congreso.
¿Se puede hacer sin el Congreso?
Una de las declaraciones más controvertidas de Petro fue su afirmación de que no necesita esperar la aprobación del Congreso para implementar las reformas que considera urgentes. En este sentido, el presidente ha dejado claro que confía en la capacidad de su gobierno para llevar a cabo cambios en el sector salud bajo el marco de las leyes actuales, sin depender de los votos de los legisladores.
En el Senado, la reforma de Petro podría no lograr la mayoría necesaria para ser aprobada, lo que generaría un estancamiento en las iniciativas del Gobierno en esta área.
Aunque el presidente tiene cierto margen de maniobra dentro de las leyes actuales, especialmente en lo que se refiere a la reestructuración de las EPS y la regulación de los precios de los medicamentos, su propuesta de actuar sin la autorización del Congreso ha generado un debate sobre los límites constitucionales de su poder. La controversia continuará en los próximos meses, mientras las partes involucradas buscan una solución a los graves problemas que enfrenta el sistema de salud del país, especialmente en lo que respecta al acceso a medicamentos.