Este 18 de marzo, el presidente Gustavo Petro decretó oficialmente un día cívico en Colombia con el objetivo de incentivar la participación en las marchas organizadas en apoyo a las reformas de su gobierno. La medida ha generado una fuerte controversia, no solo entre la ciudadanía, sino también entre los gobernantes locales, que han manifestado su desacuerdo con la decisión presidencial.
En un intento por movilizar a más personas en favor de las reformas laborales y sociales que propone su administración, Petro utilizó esta jornada para llamar a la movilización de ciudadanos que deseen manifestarse en las calles. Sin embargo, la respuesta no fue unánime, ya que varias alcaldías y gobernaciones de ciudades clave, como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, decidieron no acatar el decreto.
Un día cívico no es un día festivo, sino una jornada laboral ordinaria no hábil, decretada por el gobierno (nacional, departamental o municipal) para incentivar la participación de los ciudadanos en actividades de interés público, como marchas, conmemoraciones o eventos nacionales.
Este tipo de medida aplica principalmente al sector público, aunque también se ha invitado a los empleadores del sector privado a considerar la posibilidad de facilitar la participación de sus empleados en las actividades del día. Sin embargo, la decisión final recae en cada empleador, lo que ha generado dudas sobre cuántos trabajadores del sector privado realmente podrán asistir a las marchas sin que esto afecte su empleo.
El día cívico afecta principalmente a los empleados del sector público. De acuerdo con la legislación vigente, el día no implica necesariamente una suspensión de actividades laborales en su totalidad, por lo que los trabajadores del sector público deberán seguir las instrucciones de sus respectivos empleadores. En el sector privado, cada empleador tiene la libertad de decidir si otorga o no permisos a sus empleados para asistir a las movilizaciones.
Por lo tanto, aunque la jornada se presentó como un medio para que los ciudadanos pudieran participar activamente en las marchas, los trabajadores deben consultar con sus empleadores si se les permitirá ausentarse sin que ello implique consecuencias laborales.
Reacciones políticas: ¿un llamado al paro o un gesto de protesta?
El decreto de Petro no fue bien recibido por varios gobernantes locales, quienes optaron por no acatar la decisión presidencial. Entre los alcaldes y gobernadores que expresaron su desacuerdo se encuentran figuras clave como Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Jaime Beltrán (Bucaramanga), Carlos Fernando Galán (Bogotá), y varios gobernadores, incluidos Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca) y Andrés Julián Rendón (Antioquia). Estos mandatarios argumentaron que detener las actividades de la ciudad no es apropiado en un momento tan crucial para el desarrollo económico y la prestación de servicios públicos.
Por su parte, el presidente Petro no dudó en responder a la negativa de estos mandatarios. En un tono desafiante, criticó a los alcaldes que se opusieron al día cívico, especialmente a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a quien hizo referencia en términos duros, sugiriendo que prefería ignorar los problemas estructurales de la ciudad, como el racionamiento de agua, en lugar de apoyar las movilizaciones en defensa de los derechos laborales.
«Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo»
«Precisamente para trabajar hay que parar. Alcaldes de la miseria qué dejan a sus ciudades sin agua. Que prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voracez especuladores de la tierra y el agua. Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas. Mañana el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana«. Presidente Gustavo Petro
Algunos sectores públicos esenciales quedan exentos de la medida del día cívico. Las Fuerzas Armadas y de Policía, los profesionales de la salud y los servicios de emergencia, entre otros, seguirán operando con normalidad para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Esto se debe a la naturaleza crítica de sus funciones, que no pueden ser suspendidas.
La amenaza de sanciones: Petro vs. los empleadores
En una de sus intervenciones más polémicas, el presidente Petro amenazó con sancionar a los empleadores que despidan a sus empleados por participar en las marchas del 18 de marzo. «El que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana».
