En el segundo día de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa presentó una recusación formal contra la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, alegando falta de imparcialidad en el proceso. Uribe, quien asistió de manera presencial al juzgado de Paloquemao, estuvo acompañado por el abogado Jaime Lombana, mientras que su abogado principal, Jaime Granados, participó de la audiencia de forma virtual.
El juicio, que se centra en los cargos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos, sigue avanzando en medio de un clima de tensiones y acusaciones sobre el manejo del caso. La Fiscalía acusa al exmandatario de haber utilizado a su exabogado, Diego Cadena, para conseguir testimonios falsos a su favor en cárceles del país a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Sin embargo, la defensa de Uribe sostiene que se trata de una persecución política en su contra.
«Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la señora jueza que preside este juicio, se encuentra seriamente comprometida. Y por eso, como garante del debido proceso, debe separarse del conocimiento del asunto»: Jaime Granados
Es la primera vez que un expresidente enfrenta un proceso penal en Colombia.
La recusación presentada por Granados se fundamenta en lo que considera una «sistemática parcialidad» por parte de la jueza Heredia. Según el abogado, la jueza ha descalificado repetidamente los argumentos de la defensa, utilizando calificativos que denotan un prejuicio contra el expresidente. Un ejemplo citado por Granados fue una declaración de Heredia en la que mencionó: «Para fortuna o desgracia de algunos, este despacho le correspondió por reparto el trámite de este proceso«. .
Granados también acusó a la jueza de actuar con un interés desmedido por avanzar rápidamente en el juicio sin respetar el debido proceso, lo que afectaría la garantía de defensa de su cliente. Además, señaló que Heredia había tomado decisiones sin una evaluación adecuada, como cuando resolvió de manera exprés una solicitud de nulidad en mayo del año anterior, lo que a juicio de la defensa demostraba que la decisión ya había sido tomada de antemano. La juez ha sido enfatica en señalar que le ha querido dar celeridad al proceso judicial para evitar prescripción en este caso.
A lo largo de las audiencias previas, la actitud de la jueza ha sido calificada por la defensa como «abiertamente hostil», lo que, según Granados, ha afectado el desarrollo del proceso.
Álvaro Uribe, en su intervención, reiteró su postura de que está siendo objeto de una persecución política, algo que ha sostenido a lo largo de todo el proceso. En sus declaraciones, insistió en que nunca dio instrucciones para sobornar o manipular testigos y defendió su actuación como presidente, señalando que su gobierno luchó contra la Oficina de Envigado, un grupo criminal que según él ha sido objeto de distorsión por parte de sus adversarios políticos.
Al respecto el ecxpresidente Uribe manifestó que espera que «la justicia de sé cuenta de que aquí Álvaro Uribe no pidió mentir ni sobornar ni engañar a la justicia. Aquí lo que ha habido es una homogeneidad política, que la muestra de esta bancada que está en contra mía desde hace mucho tiempo».
Siga aquí la audiencia de juicio al expresidente Álvaro Uribe:
Uribe habló del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes quien lo escuchó en indagatoria, fiscal Gilberto Villarreal, quien lo acusó y de la actual fiscal del caso Marlenne Orjuela.
A pesar de las tensiones y acusaciones de parcialidad, el juicio continúa y se espera que la Corte Suprema defina si la recusación presentada por la defensa será aceptada.
Las víctimas del caso han solicitado «observación internacional» del proceso, alegando que el caso es emblemático de una serie de presiones políticas que podrían influir en su desenlace.
El caso de Uribe sigue siendo uno de los más complejos y mediáticos de la historia reciente de Colombia, con repercusiones que podrían trascender la esfera judicial e impactar la política nacional.
El caso
El caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene como eje central las acusaciones de soborno y manipulación de testigos. El proceso comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia presentada por Uribe contra el senador Iván Cepeda. El expresidente acusaba a Cepeda de intentar manipular testigos para demostrar una supuesta relación suya con grupos paramilitares. Sin embargo, tras evaluar la evidencia, la Corte determinó que no había pruebas suficientes para incriminar a Cepeda y, en cambio, halló indicios de que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, había ofrecido sobornos a exparamilitares para que acusaran falsamente a Cepeda.
En 2020, el caso dio un giro cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva de Uribe, durante 10 días el expresidente estuvo privado de la libertad en su hacienda el Uberrimo, luego renunció a su curul como Senador, perdiendo su fuero y permitiendo que el expediente pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía presentó dos solicitudes de preclusión del caso las cuales fueron rechazadas . Finalmente, mayo de 2024, el fiscal Gilberto Villarreal asumió el caso y decidió formalmente acusar a Uribe, sumando el delito de soborno al escrito original de fraude procesal y manipulación de testigos.
El juicio formal contra el expresidente comenzó en enero de 2025. Luego que el Tribunal Superior de Bogotá avaló presentación de interceptaciones de Diego Cadena con Expresidente Uribe en juicio por falsos testigos.
sta decisión se da luego que el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados apelará la decisión de la juez de avalar las pruebas e interceptaciones de las comunicaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Granados, habría solicitado que las interceptaciones fueran descartadas, argumentando que vulneraban el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente. Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia consideró que su admisión era válida y esencial para el caso.
El magistrado Merchán explicó que las conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena no podían ser protegidas bajo el principio del secreto profesional, ya que Cadena no esta designado oficialmente como defensor del expresidente.
