El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dejado en suspenso el desarrollo de un proceso judicial que podría tener consecuencias significativas para su futuro político. Este martes, Morales no se presentó a la audiencia de medidas cautelares que había sido convocada por el juez de Instrucción penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres 5 de Tarija, Nelson Alberto Rocabado. En su lugar, el exmandatario envió a su abogado, Jorge Pérez, quien justificó la ausencia alegando «temas de salud» y la condición de «tercera edad» de su cliente. Esta no es la primera vez que Morales se ausenta de una cita judicial importante, lo que ha generado inquietud entre los involucrados en el caso y entre los sectores políticos que siguen de cerca su situación.
La acusación contra Morales. Se le imputa la posible comisión de trata de personas con agravante, a raíz de una relación íntima que habría mantenido con una adolescente en 2015, cuando aún ocupaba la presidencia de Bolivia. Esta acusación ha sido rechazada enérgicamente por el exmandatario, quien considera que la denuncia es parte de una «guerra sucia» emprendida por las autoridades del actual gobierno para frenar su participación en la contienda electoral de 2025. Morales ha sido claro al sostener que no ha cometido ningún delito y que las acusaciones en su contra son fabricadas con fines políticos.
El caso ha escalado en importancia, y el fiscal Sandra Gutiérrez, quien lleva la investigación, fue enfática al señalar que Morales debía presentarse ante la justicia. En un comunicado, la fiscal pidió que se realice una valoración médica de Morales en su lugar de residencia, con la intención de verificar si su alegada condición de salud es válida. Además, Gutiérrez instó a que el exmandatario se presente a la audiencia de medidas cautelares que se ha fijado para el viernes 17 de enero, advirtiendo que si no lo hiciera, se le declararía «en rebeldía» y se emitiría una orden de captura.
La ausencia de Morales en la audiencia no fue el único inconveniente en el desarrollo del caso. Según informes de la Fiscalía, la madre de la joven involucrada en la acusación tampoco acudió a la audiencia, lo que ha dejado un vacío importante en la recolección de pruebas en el proceso judicial. La situación ha sido calificada por algunos observadores como una serie de maniobras dilatorias que dificultan el avance de la investigación.
Cabe destacar que este no es el primer episodio en el que Morales no asiste a las audiencias judiciales. En octubre de 2024, el exmandatario fue citado a declarar, pero también faltó a esa cita, lo que intensificó las tensiones con las autoridades judiciales y la opinión pública. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, Morales fue formalmente acusado de trata de personas agravado y se emitió una orden de captura en su contra, además de una alerta migratoria para evitar que el ex presidente pudiera salir del país.
El proceso judicial contra Morales se enmarca en un clima de alta polarización política en Bolivia. El ex presidente, quien fue derrocado en 2019 tras una crisis política y social, ha regresado al país en medio de un contexto de agudas tensiones entre los seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno actual de Luis Arce. Morales, quien se presenta como el líder indiscutido de la oposición, ha asegurado que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia de hostigamiento por parte del oficialismo.
La denuncia de trata de personas con agravante ha desatado una fuerte controversia en Bolivia. Los detractores de Morales han aprovechado el proceso judicial para intensificar su campaña en su contra, mientras que sus seguidores aseguran que se trata de un montaje para empañar su imagen y evitar que participe en las elecciones de 2025. La acusación está relacionada con hechos ocurridos cuando Morales aún gobernaba, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno actual para que el caso sea investigado de manera exhaustiva y sin sesgos políticos.
La postura de Morales sobre el caso ha sido firme: niega rotundamente las acusaciones y las considera parte de una conspiración orquestada por sus opositores para evitar su regreso a la política. El ex presidente ha señalado que el proceso judicial es una «guerra sucia» dirigida por el gobierno de Arce, quien asumió la presidencia en 2020. Morales, quien gobernó Bolivia durante casi 14 años, ha sido una figura clave en la política del país, y su regreso ha reavivado la polarización política que caracterizó su mandato.
En paralelo a este proceso judicial, el gobierno de Luis Arce ha enfrentado diversas críticas por la gestión económica y social del país, lo que ha alimentado el malestar de la oposición y de sectores sociales que apoyan a Morales. Estos sectores han salido a las calles a manifestarse, no solo en defensa de su líder, sino también para expresar su descontento con la situación económica y política de Bolivia. Las marchas y protestas han aumentado en las últimas semanas, especialmente después de la convocatoria a la audiencia judicial de Morales, lo que ha generado una atmósfera de incertidumbre y tensión en el país.
El futuro de Morales y su participación en las elecciones de 2025 son un tema candente en la política boliviana. Si bien el ex presidente ha expresado su deseo de volver a competir por la presidencia, las acusaciones judiciales que enfrenta podrían empañar su regreso y dividir aún más a la sociedad boliviana.
El 17 de enero será una fecha clave en el desarrollo de este proceso. Si Morales no se presenta a la audiencia, se intensificarán las presiones judiciales en su contra. Por ahora, el ex presidente sigue firme en su postura, rechazando las acusaciones y advirtiendo sobre lo que considera una persecución política de la que es víctima. Mientras tanto, el país sigue a la espera de los próximos pasos en este proceso judicial que podría cambiar el rumbo de la política boliviana.
