La Juez 03 Penal Municipal en Funcion de Garantías de Pereira, tras 12 horas de audiencia relató los hechos dados por la Fiscalía, la defensa y sus argumentos para envíar a la cárcel al exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado G y el interventor José Alberto Rojas.
Por su presunta implicación en graves irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la construcción de la Avenida Los Colibríes.
El proyecto, iniciado entre marzo y abril de 2021 y extendido hasta diciembre de 2023, contemplaba la construcción de 3.400 metros de avenida con un valor superior a los 32.037 millones de pesos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el presupuesto no estaba asignado ni los estudios previos terminados al momento de la celebración del contrato, el cual se adjudicó a un oferente específico en contravención de la normativa vigente.
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Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto, la administración municipal solicitó verbalmente cambios significativos al trazado original, incluyendo la ampliación de la avenida de cuatro a seis carriles y la ubicación subterránea de las redes eléctricas. Estas modificaciones, que debían haberse tramitado en un contrato nuevo debido a la alteración del objeto inicial, motivaron dos adiciones presupuestales por 16.000 y 4.300 millones de pesos, respectivamente, sin que se ejecutaran las obras correspondientes, generando un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.
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La investigación también acreditó que la Alcaldía de Pereira presuntamente consignó información falsa en las actas para justificar el giro de los dineros al contratista. Además, se determinó que la interventoría emitió conceptos que daban por cumplida la responsabilidad civil cuando la realidad era otra, facilitando así el flujo de los recursos.
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Ante estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Risaralda imputó al exalcalde, al exsecretario municipal y al interventor los delitos de falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; peculado por apropiación; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; fraude procesal y prevaricato por acción. Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida privativa de la libertad en un centro carcelario.