Se judicializa a presuntos integrantes de red señalada de tramitar libretas militares fraudulentas, los procesados son cinco uniformados activos, nueve en retiro y un civil. Estarían involucrados en la exigencia de diversas sumas de dinero para gestionar la definición de la situación militar a hombres entre los 18 y 50 años, mediante la alteración de los sistemas misionales del Ejército Nacional.
Las personas que hacían parte de esta red fueron capturadas gracias a la acción del Centro Cibernético Policial de la DIJIN de la Policía Nacional en Bogotá, y en coordinación con las Seccionales de Investigación Criminal de la Policía en Nilo; Medellín; Valledupar; Villavicencio; Tunja y Samacá; Palmira y Florencia.
Los presuntos detenidos eran uniformados que fueron capturados entre ellos, un coronel, un teniente coronel, un teniente, un sargento viceprimero y un cabo tercero; además de nueve oficiales y suboficiales en retiro del Ejército Nacional, y un civil que prestó servicio como soldado bachiller.
Los materiales de prueba dan cuenta que entre el 2016 y el 2022 esta red buscaba personas entre los 18 y 50 años de edad en la ubicación de colegios, universidades para brindarles la opción de obtener ilícitamente la libreta militar y solucionar su situación militar.
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Los integrantes de la red ofrecían conseguir la libreta sin ninguna verificación ni filtro, a cambio de sumas que oscilaban entre los 900.000 y 5’000.000 de pesos. Los interesados eran incluidos en grupos de WhatsApp, en los que les indicaban el tipo de documentos que debían conseguir.
Luego de la entrega del dinero, la red delincuencial accedía al sistema misional ‘Fenix’, implementado por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, e insertaba la información personal de los hombres contactados o consignaban datos contrarios a la realidad. De esta manera, gestionaba la expedición de las libretas militares.
Producto del trabajo investigativo realizado, el 25 de enero de 2022, el Ejército Nacional reversó y bloqueó 10.707 libretas militares ya que fueron tramitadas ilegalmente. Los señalados involucrados son: • Teniente coronel Javier Andrés Borrero Chavarro. • Coronel Herbert Augusto Blanco Ruiz. • Teniente Edwin Arley Rodríguez Aponte. • Sargento viceprimero Fredy Meza Porras. • Cabo tercero Freimerth Saith Otálora Salgado. • Coronel (R) Faiver Coronado Camero. • Mayor (R) Diana Marcela Molano Rojas. • Sargentos primeros (R) Fernando Enrique Otálora Velandia y Rodrigo Alonso Agreda Camargo. • Sargentos viceprimeros (R) Hernán Rodrigo López Páez y Jesús Jhoany Puerto Torres. • Los soldados profesionales (R) Juan Pablo Colorado Jaramillo, Melquisedec Amaya Nope y Luis Ariel Chavarro Martin. • Jorge Stiven Tabares Jaramillo. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas 15 personas, según la posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y falsedad material en documento público.
Adicionalmente, a Faiver Coronado Camero le fue imputado el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, en el entendido de que al momento de su captura mediante allanamiento en su residencia se le encontró un arma de fuego sin los permisos de ley.
Entérese de más:
Los procesados no aceptaron cargos. Por disposición del juez de control de garantías, el teniente coronel Borrero Chavarro, el sargento viceprimero Meza Porras, el coronel (r) Coronado Camero y el sargento primero (r) Otálora Velandia cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el cabo tercero Otálora Salgado, la mayor (r) Molano Rojas, los soldados profesionales (r) Colorado Jaramillo, Amaya Nope, Chavarro Martin y el civil Tabares Jaramillo permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia.
Los demás imputados seguirán vinculados en la investigación. Afectaciones a las finanzas criminales el material de prueba recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitió imponer medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, sobre 51 bienes ubicados en los municipios de Pasto y Chachaguí (Nariño) y Bogotá.
Se trata de 25 inmuebles rurales, 6 urbanos, 3 vehículos, 5 sociedades, 2 establecimientos de comercio y 10 acciones valuadas preliminarmente en más de 15.549 millones de pesos. La Fiscalía determinó que estos predios habrían sido adquiridos con dineros producto de los referidos trámites irregulares.
Uniformados de la Dijin de la Policía Nacional apoyaron las acciones que permitieron ocupar los bienes cobijados con medidas cautelares. Esta información se publica por razones de interés general.