La Contraloría General de la República emitió una advertencia urgente al Departamento para la Prosperidad Social y a las Entidades Territoriales involucradas, alertando sobre un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en el Programa «Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat para la inclusión social a nivel nacional-FIP Nacional».
Este programa, destinado a comunidades pobres y vulnerables, ha mostrado serias deficiencias en su gestión y ejecución.
Durante el cuatrienio 2019-2022, se ha evidenciado que aproximadamente $1,06 billones de recursos destinados a proyectos de infraestructura social para las comunidades más necesitadas en Colombia no fueron utilizados.
La Contraloría ha identificado varios problemas fundamentales en la ejecución del programa. Entre ellos se destacan los considerables retrasos en la finalización de proyectos, con algunos aún en ejecución después de más de 6 años desde su inicio, lo que ha llevado a un incremento significativo en los costos. Además, se ha observado una atención inadecuada e inoportuna a las comunidades más afectadas, lo que impide reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Otro aspecto preocupante es la ineficiente e ineficaz utilización de los recursos asignados, una tendencia que persiste en los últimos años. Esto se refleja en una significativa reducción del presupuesto asignado al proyecto y en la inejecución de una gran parte de los recursos, lo que agrava aún más la situación.
Le puede interesar: “Dios quiera que Petro no se vaya a patrasear, me parece formidable una constituyente»: Germán Vargas
Además, se han detectado fallas en la asistencia técnica proporcionada a las entidades territoriales, lo que ha generado retrasos en la asignación de convenios y en la puesta en marcha de las iniciativas. Esta falta de apoyo adecuado ha contribuido al incumplimiento de los objetivos de los proyectos y al riesgo de obras abandonadas y obsoletas.
Por lo cual, la falta de eficiencia y transparencia en la gestión del Programa «Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat» representa una seria amenaza para el patrimonio público y para las comunidades más vulnerables del país. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para corregir estas deficiencias y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de quienes más lo necesitan.