«Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres»: Gustavo Petro

Procuradora Margarita Cabello Blanco y Presidente Gustavo Petro
Procuradora Margarita Cabello Blanco y Presidente Gustavo Petro
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ANLA que se sustituya la suspensión de actividades en el muelle 13 de Buenaventura, operado por el Grupo Portuario S.A., por una medida menos drástica: una «amonestación escrita» con el compromiso de actualizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme a las exigencias del ente ambiental.El procurador encargado de los temas ambientales, Gustavo Guerrero, argumentó que la suspensión de las operaciones no está debidamente justificada. A su juicio, no existe un «riesgo inminente» para el medio ambiente que amerite una medida tan contundente, como lo sugirió la ANLA al paralizar las actividades portuarias. La Procuraduría considera que la actualización del PMA debe ser vista como un trámite administrativo periódico, y no como un evento que requiera la paralización total de las operaciones portuarias.»Es evidente que suspender de manera temporal la totalidad de las actividades de operación portuaria no resulta ser una medida conducente, proporcional y razonada para obtener la presentación de un Plan de Manejo Ambiental actualizado por parte del titular, como lo pretende y expuso la ANLA en su acto administrativo«, manifestó Guerrero en su intervención.

El dictamen de la Procuraduría se basa en la ausencia de un daño ambiental grave e irreversible que justifique la suspensión. El ente de control criticó que en la resolución que suspendió las actividades no se demostrara que el operador del muelle haya incumplido las normas ambientales ni que haya puesto en peligro los recursos naturales o el medio ambiente. De hecho, la Procuraduría cuestionó el uso de un PMA antiguo, del año 2002, para evaluar las actividades en el muelle, sin considerar las actualizaciones presentadas por el Grupo Portuario en 2020, las cuales fueron aprobadas por el Ministerio de Ambiente.

«Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente»: Presidente Gustavo Petro

La situación ha generado un fuerte debate, con las autoridades nacionales enfrentando tensiones por el manejo de un contrato cuestionado. La Procuraduría subrayó que el muelle 13 no cuenta con un contrato de concesión, sino con un contrato de homologación, cuya validez ha sido puesta en tela de juicio. Según el gobierno de Gustavo Petro, este tipo de contrato no debería ser renovado, ya que los términos del mismo caducaron el 3 de enero de 2025.

En respuesta a la solicitud de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro manifestó su posición a través de un contundente mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), donde aprovechó para cuestionar la gestión de las autoridades implicadas. En su publicación, Petro apuntó directamente a un supuesto pacto de corrupción detrás del manejo de los contratos portuarios.

El presidente Petro aseguró: «Sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente. En muelle 13 no hay contrato de concesión, hay es un contrato de homologación«.

Además, el mandatario detalló aspectos específicos de la situación que considera como una trama de corrupción: «Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente.

En muelle 13 no hay contrato de concesión, hay es un contrato de homologación, el homologado o casi concesionario es la Armada no el amigo de Duque.

La Armada tiene es un contrato de arrendamiento con el amigo de Duque que está supeditado a las normas ambientales, sino la Armada es responsable ante el estado. Allí dejaron montañas de carbón al aire, contra los pulmones de miles de bonaverenses, allí dejaron deteriorar físicamente el muelle, allí dejaron que palomas y ratas andaran en miles de toneladas de granos alimenticios de consumo humano, allí dejaron podrir decenas de toneladas de alimentación. Allí hicieron un negociado.

El arrendatario no tiene derechos de concesionario, sino tendría que presentar una licencia ambiental que por ley todo concesionario de puertos debe tener. El contrato de homologación debió por orden del presidente terminar el 3 de enero, porque llegaba a término el contrato, es la Procuraduría la que debería investigar por qué la ANI amplió el contrato de homologación a la Armada por tres meses, que no al arrendatario, y por qué la Armada amplió el contrato de arrendamiento por 3 meses cuando el presidente pidió que se hiciera a las asociaciones de pescadores de Buenaventura y el pacífico colombiano«.

Este mensaje refleja la tensión política que ha envuelto la controversia sobre el muelle 13. El presidente Petro parece estar llamando a una revisión exhaustiva de la gestión del muelle y de los contratos que lo rigen, destacando lo que considera prácticas irregulares que han afectado no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades locales de Buenaventura.

Al respecto el presidente Gustavo petro manifestó que «sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente. En muelle 13 no hay contrato de concesión, hay es un contrato de homologación»