Bogotá, 6 de agosto de 2025 – Redacción Judicial
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá suspenderá temporalmente el reparto de nuevas acciones de tutela entre el 5 y el 20 de agosto. Esta medida busca que los magistrados asignados se concentren exclusivamente en el estudio de la acción judicial que busca anular la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En las últimas horas llegó el despacho comisorio al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia para ejecutar la orden de encarcelamiento y la reseña del expresidente Álvaro Uribe .
El pronunciamiento, sin precedentes recientes en el ámbito judicial, implica que los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto —titulares de los despachos 4, 11 y 13— estarán liberados de nuevas asignaciones de tutela durante el periodo señalado. La decisión se toma “teniendo en cuenta la complejidad y la connotación nacional” del proceso, según lo indica el documento emitido por la Rama Judicial.
La medida busca garantizar que el análisis del recurso interpuesto por el equipo de defensa del exmandatario reciba la atención y profundidad necesarias, sin distracciones ni retrasos derivados de la carga habitual del Tribunal.
La tutela fue presentada por el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, quien argumenta que la sentencia de primera instancia vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad humana y la libertad personal del expresidente. Uribe fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Inicialmente, para decidir las medidas cautelares de solicel caso fue asignado al magistrado Ramiro Riaño Riaño. No obstante, en las últimas horas, el togado se declaró impedido al identificar dos causales de posible conflicto de intereses. Explicó que su pareja fue nombrada fiscal en 2013 por Luis Eduardo Montealegre, quien hoy figura como víctima reconocida en el proceso contra Uribe. Además, Riaño señaló que Montealegre lo denunció penalmente, lo cual, en sus palabras, lo convierte en su «contraparte» judicial.
“Estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, sostuvo el magistrado en su pronunciamiento.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Riaño se aparta de decisiones relacionadas con el caso Uribe. En febrero pasado, fue objeto de controversia tras otorgar una medida provisional que suspendía el proceso penal, lo que derivó en una nueva denuncia en su contra por parte del exfiscal Montealegre.
La decisión definitiva sobre la tutela que podría modificar la situación jurídica del expresidente Uribe deberá emitirse antes del 20 de agosto, fecha en la que vence el plazo de suspensión de reparto y concluye el tiempo estimado por el Tribunal para su análisis.
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