El conflicto legal que enfrentaba la empresa internacional Thomas Greg and Sons contra el Estado colombiano por la licitación de la fabricación y expedición de pasaportes ha llegado a su fin. La Unión Temporal Pasaportes 2023, que representa a la compañía, anunció su decisión de desistir de la demanda de más de 117.000 millones de pesos que había interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolviendo de esta manera un prolongado litigio que amenazaba con afectar la normalización de los pasaportes en Colombia.
El Origen del Conflicto: La Licitación Desierta
La disputa jurídica comenzó a raíz de la Licitación Pública 001 de 2023, la cual fue declarada desierta por el entonces canciller, Álvaro Leyva. Según el Gobierno, la licitación no cumplió con el principio de pluralidad de oferentes, es decir, solo había un participante, lo que invalidaba la posibilidad de adjudicar el contrato. La decisión del exministro Leyva, quien después sería sancionado por díez añor por la Procuraduría, desató una serie de reacciones legales por parte de Thomas Greg and Sons, que reclamaba el derecho de ejecutar el contrato por un valor superior a los 116.000 millones de pesos.
El conflicto amenazaba con paralizar la expedición de pasaportes en el país, lo que generaba una alta preocupación, especialmente cuando se acercaban las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, el Gobierno tomó medidas para garantizar la continuidad del servicio y prorrogó el contrato hasta octubre de 2025, permitiendo que Thomas Greg siguiera a cargo de la fabricación de los pasaportes mientras se resolvían los problemas administrativos.
El Desistimiento de la Demanda y la Resolución del Conflicto
En su comunicado oficial, la Unión Temporal Pasaportes 2023 explicó que, tras evaluar la situación, decidió desistir de las pretensiones legales, puesto que su principal demanda —la ejecución del contrato— había sido resarcida con la firma de nuevos acuerdos que garantizan la continuidad del servicio hasta septiembre de 2025. A partir de esa fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores planea implementar un nuevo modelo de expedición de pasaportes en colaboración con Portugal, buscando disminuir la dependencia de proveedores externos y mejorar la seguridad de los documentos.
“El propósito de los integrantes de la Unión Temporal Pasaportes 2023 siempre ha sido servir al país y al Ministerio de Relaciones Exteriores con seriedad, compromiso y estándares de calidad”, manifestó la empresa en su comunicado, y agregó que su participación en los contratos ha sido exitosa, lo que ha llevado a una resolución aceptable para todas las partes.
El desistimiento de la demanda pone un fin temporal a la disputa legal.
Por este caso el excanciller Álvaro Leyva. había sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por 10 años, al encontrar que su decisión de declarar desierta la licitación pública no estaba debidamente fundamentada y violaba los principios de contratación estatal.
La Procuraduría señaló que el exministro actuó erróneamente al invalidar la licitación basándose en la presencia de un único oferente, a pesar de que este cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
Con esta decisión de retirar la demanda, se estudia el impactó en los procesos que se adelantan contra Álvaro Leyva ante la Contraloría al no configurarse detrimento patrimonial y la sanción disciplinaria de la Procuraduría.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, ha optado por diversificar la gestión de los pasaportes, firmando un memorando de entendimiento con Portugal para implementar un nuevo sistema de emisión de documentos de viaje a partir de 2025.