La Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado oficial en el que se pronuncia sobre las denuncias que involucran a Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y actual superintendente delegada para la vigilancia de los prestadores.
La controversia se desató tras la difusión de un audio en el que presuntamente se escucha a Gómez dando instrucciones directas para la firma de un contrato relacionado con el proyecto del buque hospital destinado a comunidades vulnerables del Amazonas, cuyo presupuesto asciende a 55.000 millones de pesos. Según las denuncias, se habrían ejercido presiones y amenazas de despido a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, institución que estaba bajo intervención de Supersalud.
Supersalud responde: “No hubo interferencias externas”
En un comunicado de tres puntos, la Superintendencia defendió su independencia y aclaró que la remoción de la agente interventora del Hospital San Rafael se dio bajo los parámetros legales, específicamente con base en la Resolución 2599 de 2016, que regula estas medidas.
“La decisión fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención”, señala el comunicado, añadiendo que el proceso fue autónomo y sin presiones externas.
Comunicado: «En relación con los hechos denunciados por un medio de comunicación, la Superintendencia Nacional de Salud se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
1. Reiterar la autonomía e independencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
2. Aclarar que esta Superintendencia procedió conforme a la normativa vigente y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución 2599 del 2016, para la remoción de la agente interventora de la E.S.E. Hospital San Rafael. Decisión que fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la E.S.E. San Rafael de Leticia.
Además, reafirmaron su compromiso con la transparencia, insistiendo en que su labor responde a la Constitución y las leyes, y no a intereses políticos o personales.
El ministro de Salud responde
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo salió en defensa de su esposa. En una extensa publicación, calificó los señalamientos como “ataques con sesgo machista” y destacó la trayectoria de Gómez, recordando que su nombramiento ocurrió antes de su llegada al Ministerio.
“Desde que fui designado como ministro, los ataques contra mi esposa no han cesado. Omiten deliberadamente que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán”, afirmó Jaramillo.
El ministro también reveló que solicitó un concepto a la Función Pública al asumir el cargo para evitar cualquier inhabilidad. El dictamen fue claro: no existe relación jerárquica ni dependencia directa entre ambos cargos, por lo que no hay impedimento legal.
“No hay caprichos, hay liderazgo”
Jaramillo fue más allá en su defensa y explicó que las observaciones hechas por su esposa sobre el contrato del buque hospital no respondían a intereses personales, sino a una postura de vigilancia frente a la inacción administrativa que, según él, ponía en riesgo un proyecto vital para la salud del Amazonas.
“La doctora Beatriz Gómez Consuegra no ha impartido órdenes ilegales ni arbitrarias (…). Es inadmisible que se siga cuestionando su labor con sesgos que ignoran su capacidad y su trayectoria”, expresó en otro mensaje publicado en X.
El proyecto del buque hospital: una historia de retrasos y tensiones
Detrás del escándalo hay un proyecto ambicioso pero lleno de tropiezos: el buque hospital fluvial destinado a las comunidades más apartadas del Amazonas. Desde el año pasado, su ejecución ha estado marcada por demoras técnicas, disputas contractuales y hasta un incremento en los precios.
Aunque el proyecto cuenta con respaldo del Gobierno departamental y de la Armada Nacional, la falta de avances ha hecho sonar las alarmas. Fue en ese contexto que surgieron las denuncias de presuntas presiones, en las que aparece involucrada la esposa del ministro.
Por ahora, no hay investigaciones formales abiertas por parte de la Fiscalía o la Procuraduría, pero la polémica ya está instalada en el debate público.
Este es otro de los mensaje de Guillermo Alfonso Jaramillo:
“Desde el momento en que fui designado como Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa, la doctora Beatriz Gómez Consuegra, no han cesado. Quienes la señalan omiten —deliberadamente— que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de mi designación como Ministro.
Una vez me fue ofrecido el cargo por el señor Presidente Petro, actué con total transparencia y solicité un concepto a Función Pública para que evaluara cualquier posible inhabilidad. La entidad, que es la competente para hacerlo, concluyó que no existe ninguna inhabilidad, pues no hay relación jerárquica entre nuestras funciones ni facultad o posibilidad de nominarnos mutuamente.
Es profundamente indignante que, a pesar de esta claridad jurídica, los ataques persistan, y más grave aún, que se realicen con un sesgo evidentemente machista. Pretenden reducir a mi esposa a una figura secundaria, ignorando su formación, experiencia y la dedicación con la que ha trabajado por la salud de los colombianos y colombianas.
Este tipo de agresiones no solo buscan deslegitimarla como profesional, sino que refuerzan una cultura que aún persiste en nuestro país: una en la que el mérito de una mujer es cuestionado solo por ser pareja de un hombre que ostenta un cargo de poder.
La doctora Beatriz Gómez Consuegra es una funcionaria pública íntegra, que cuenta con una trayectoria intachable y una vocación de servicio incansable. No permitiremos que se siga usando su nombre como herramienta para ataques políticos que nada tienen que ver con su labor ni con la verdad.
Rechazo con firmeza estos ataques y defiendo el liderazgo de las mujeres en el sector público, no solo como un deber institucional, sino con una convicción personal”