La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, anunció que no se quedará callada. Luego de que la Fiscalía General de la Nación rechazara la posibilidad de firmar un principio de oportunidad con ella —en medio del escándalo por el millonario saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)—, Ortiz decidió dar un paso al frente. Asegura que lo que ha entregado es información “veraz, precisa y verificable”, y advirtió que, si es necesario, revelará públicamente lo que sabe del entramado de corrupción que salpica a figuras clave del actual gobierno.
“Estoy comprometida con la justicia, a pesar de mis temores por la seguridad de mi familia. He entregado información importante y espero que se tomen decisiones con base en los hechos, no en la desconfianza”, dijo a través de un comunicado su abogado, el penalista Oswaldo Medina.
La Fiscalía en cabeza de la fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema, calificó la colaboración de Ortiz como “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, lo que, según el ente acusador, haría inviable cualquier inmunidad penal.
Señalamientos de alto calibre
Pero Sandra Ortiz insiste: no está mintiendo. En los encuentros sostenidos con los fiscales, ha señalado directamente a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y su jefe inmediato en la Casa de Nariño. También ha vinculado su testimonio con la elección del actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, asegurando que su nombre fue agendado para votación en el Senado tras un acuerdo político que incluiría un supuesto soborno.
En ese sentido, la exconsejera —militante del partido Alianza Verde, al igual que el presidente del Senado Iván Name— asegura que el dinero entregado a Name no era solo para apoyar la agenda del Gobierno Petro en el Congreso, sino para incluir en el orden del día la elección de Fernández como togado.
La defensa de Ortiz asegura que esa información, aunque delicada, abre la puerta a investigaciones contra aforados, y por tanto, merece ser tenida en cuenta como parte de un acuerdo judicial. “La narrativa de mi cliente es coherente, lógica y con sustento documental”, sostiene Medina.
“Hablaré si me cierran la puerta”
Aunque por ahora el principio de oportunidad parece descartado, Sandra Ortiz ha dejado claro que no se quedará con las manos cruzadas. “Si es necesario, revelaré públicamente todo lo que sé, con nombres, fechas y responsabilidades”, advirtió a través de su defensa.
La Fiscalía, por su parte, dejó la puerta entreabierta. Aunque se negó a otorgarle inmunidad total, no descartó la posibilidad de continuar escuchando a Ortiz si aporta “nuevos elementos materiales probatorios” que realmente contribuyan a esclarecer los hechos.
Un caso con ramificaciones explosivas
El escándalo de corrupción en la UNGRD ha sacudido los cimientos del gobierno y la política.
El comunicado de la Fiscalía General de la Nación informando porque no se tramitará el principio de oportunidad:
Durante los encuentros, la defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada, y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial»
