La decisión fue anunciada este martes 7 de abril de 2026 por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá. El exministro de Hacienda continúa vinculado al proceso penal por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, mientras la Fiscalía y otras partes apelaron la determinación.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quedó en libertad por vencimiento de términos en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, durante una audiencia realizada este 7 de abril de 2026. Según lo expuesto en la diligencia, al momento de instalarse la audiencia de libertad, la Fiscalía aún no había radicado formalmente el escrito de acusación; ese documento fue presentado después, cuando la audiencia ya estaba en curso.
La determinación no equivale a una absolución ni supone el cierre del caso. Bonilla sigue procesado por su presunta participación en uno de los expedientes de corrupción más sensibles del país, y la controversia jurídica ahora se concentra en los efectos del vencimiento de términos frente a la acusación formal presentada por la Fiscalía el mismo día. De hecho, el ente investigador, junto con otras partes reconocidas en el proceso, anunció recursos contra la decisión al sostener que la radicación del escrito de acusación convirtió la solicitud de libertad en un “hecho superado”.
La Fiscalía formalizó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación contra Bonilla y contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ambos investigados por su presunto papel dentro del entramado de corrupción asociado a la UNGRD. El escrito fue recibido por la Corte este martes 7 de abril, en una jornada decisiva que coincidió con la audiencia sobre la situación de libertad de Bonilla.
El contexto de la investigación
El proceso judicial se inscribe en la expansión del escándalo de la UNGRD, que inicialmente se concentró en denuncias sobre irregularidades contractuales, sobrecostos y manejo discrecional de recursos en la entidad encargada de la gestión del riesgo. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía sostuvo que el caso no se limitaba a anomalías administrativas aisladas, sino que podía responder a una estructura más amplia de articulación política y contractual dentro del Ejecutivo.
De acuerdo con la tesis del ente acusador, Bonilla y Velasco habrían tenido un papel de dirección dentro de un supuesto esquema orientado a usar contratos, convenios y proyectos financiados con recursos públicos para obtener respaldo político en el Congreso. La hipótesis fiscal plantea que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría promovido el direccionamiento de 79 proyectos por más de 612.000 millones de pesos: 74 relacionados con Invías y cinco con la UNGRD.
Según la acusación, esos proyectos habrían sido ofrecidos a congresistas o a sus círculos políticos como mecanismo para asegurar votos favorables a iniciativas del Gobierno en el Legislativo. La Fiscalía ha descrito ese presunto entramado como un “pacto criminal” que no habría operado de manera aislada, sino con apoyo de redes políticas, administrativas y relacionales preexistentes. En esa línea, ha sostenido que los exministros habrían intervenido desde posiciones de liderazgo dentro de una organización orientada, presuntamente, a alterar tanto la contratación pública como la deliberación democrática en el Congreso.
La reconstrucción presentada por la Fiscalía incluye la participación de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de otros funcionarios y asesores que, según esa hipótesis, habrían intervenido en la identificación, trámite y eventual asignación de convenios en distintos municipios del país. También se ha mencionado una reunión de alto nivel del 27 de noviembre de 2023, en la que, de acuerdo con el ente acusador, se habría discutido una estrategia para consolidar apoyos legislativos mediante la asignación de proyectos.
Qué dice la Fiscalía
La acusación formal sostiene que Bonilla y Velasco habrían liderado o promovido una asociación para corromper congresistas a través de la oferta de proyectos financiados con recursos del Estado. En audiencias previas, la Fiscalía les atribuyó una función central en la coordinación de compromisos políticos y administrativos para sacar adelante convenios en regiones y, con ello, fortalecer mayorías para reformas impulsadas por el Gobierno.
En el caso de Luis Fernando Velasco, la tesis del ente acusador apunta a que desde el Ministerio del Interior se habrían impulsado acercamientos con congresistas para asegurar apoyos a reformas oficiales, especialmente en escenarios decisivos del Senado. Respecto de Ricardo Bonilla, la Fiscalía lo ubica como pieza clave en el componente financiero y presupuestal del supuesto esquema, al señalar que desde el Ministerio de Hacienda se habrían facilitado listados e iniciativas dirigidas a favorecer intereses políticos concretos.
El expediente menciona convenios y proyectos en municipios como Cotorra, Saravena, El Carmen de Bolívar, Puerto Concordia, Aguazul, Mistrató, Los Córdobas, Lorica y Tierralta. Para la Fiscalía, esos casos son relevantes porque podrían mostrar que recursos destinados formalmente a infraestructura y atención institucional habrían sido utilizados como instrumentos de intercambio político.
Los delitos imputados
Los cargos formulados contra los exministros son concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que esas conductas estarían relacionadas con la presunta articulación de funcionarios y terceros para direccionar convenios y prometer beneficios a congresistas o a sus entornos políticos a cambio de respaldo legislativo.
Tanto Bonilla como Velasco han rechazado las acusaciones. En la audiencia del 1 de diciembre de 2025, ambos se declararon inocentes y no aceptaron cargos. En esa misma jornada fueron enviados a centros de reclusión por decisión judicial, en una medida que, según lo expuesto entonces, buscaba evitar una eventual rearticulación de las prácticas investigadas o interferencias derivadas de un esquema de corrupción de gran alcance.
La valoración judicial y lo que sigue
En las decisiones preliminares del caso, la judicatura acogió de manera provisional la tesis según la cual los investigados no habrían actuado de forma episódica, sino desde posiciones de liderazgo dentro de un acuerdo criminal organizado. Esa valoración, propia de una fase inicial del proceso, no define responsabilidad penal, pero sí explica la severidad con la que se abordó el expediente desde diciembre de 2025.
La libertad de Bonilla, concedida por vencimiento de términos, abre ahora un nuevo frente de discusión procesal. Por un lado, la defensa sostiene que el plazo legal para presentar la acusación se cumplió antes de la radicación formal del escrito; por el otro, la Fiscalía y las demás partes que apelaron consideran que la acusación ya había sido presentada y que, por tanto, no debía prosperar la solicitud. El debate será resuelto en las instancias correspondientes mientras el caso avanza hacia su etapa de juzgamiento.
En términos institucionales, el expediente UNGRD mantiene una alta relevancia porque no solo investiga posibles delitos contra la administración pública, sino una eventual distorsión del funcionamiento democrático: el presunto uso de contratos y recursos presupuestales para influir en el trámite de reformas en el Congreso. Ese es, precisamente, el núcleo de un caso que sigue escalando y que este martes sumó un nuevo capítulo con la salida de prisión de uno de sus procesados más reconocidos.