La Defensoría del Pueblo ha urgido a las autoridades locales y educativas a esclarecer la situación del ‘colegio’ ubicado en la vereda El Triunfo, sector Diamante, en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Esta institución educativa, actualmente nominada en honor a un comandante de un grupo armado ilegal, ha generado preocupación debido a la posible apología al conflicto armado y la falta de transparencia en su financiamiento y gestión.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la necesidad de evitar exaltar figuras vinculadas a estructuras al margen de la ley y exigió que se esclarezca el origen de su nombre y los recursos utilizados en su construcción. Además, instó a establecer parámetros precisos para una eventual puesta en funcionamiento del establecimiento.
«Rechazamos rotundamente el uso de nombres relacionados con actores armados ilegales, quienes han perpetuado graves violaciones a los derechos humanos. Es fundamental garantizar entornos educativos seguros, libres de influencia y promoción del conflicto armado», declaró el Defensor del Pueblo.
Se han planteado distintas versiones sobre el financiamiento de la obra, algunas sugieren la participación de la comunidad y otras apuntan al Estado Mayor Central de las Farc. Sea cual sea el origen de los fondos, se requiere transparencia y claridad en la gestión de la infraestructura.
La Defensoría del Pueblo recordó que en el 2022, Colombia se comprometió con la Declaración de Escuelas Seguras, que prohíbe cualquier implicación de instituciones educativas en conflictos armados. Asimismo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha advertido sobre el riesgo de reclutamiento y uso de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en zonas cercanas a instituciones educativas.
En este contexto, se hace un llamado a todas las autoridades y la sociedad civil para promover entornos seguros que salvaguarden los derechos de la niñez y la juventud. La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de actuar con responsabilidad y precaución para evitar poner en peligro a la comunidad educativa y rechazar cualquier forma de promoción del conflicto armado en los entornos educativos.
