El Gobierno nacional y los gobernadores de los 32 departamentos volverán a sentarse a la mesa el lunes 8 de enero a las 8:00 de la mañana, en una reunión convocada con carácter urgente para intentar desactivar el creciente inconformismo regional frente al decreto de emergencia económica expedido por la Casa de Nariño. El encuentro, que se realizará con el Ministerio de Hacienda, se produce en un contexto de alta tensión política y jurídica, luego de que un amplio bloque de mandatarios departamentales anunciara acciones para frenar la aplicación de la medida.
El Ejecutivo ha defendido la declaratoria de emergencia como un mecanismo necesario para recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026, recursos que —según el Gobierno— permitirían equilibrar la situación financiera del país, atender compromisos del sistema de salud y responder a presiones fiscales agravadas tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Sin embargo, desde las regiones la lectura es distinta: los gobernadores advierten que el decreto compromete de manera directa la sostenibilidad financiera de los departamentos.
La Federación Nacional de Departamentos anunció que presentará una demanda contra el decreto, al considerar que existe un “riesgo cierto” para la capacidad de las administraciones departamentales de garantizar servicios esenciales como salud, educación y deporte. En un comunicado, la FND sostuvo que el Gobierno adoptó una decisión de alto impacto fiscal sin una concertación previa con las entidades territoriales.
“Inconformismo”, no insubordinación
Aunque desde algunos sectores se ha hablado de una “rebelión” o incluso de una “insubordinación” de los gobernadores frente al presidente Gustavo Petro, varios mandatarios han insistido en que se trata de un profundo inconformismo institucional, no de un desafío político. El gobernador Carlos Amaya solicitó la reunión con el ministro de Hacienda, tras una asamblea de gobernadores en la que se concluyó que el impacto fiscal del decreto podía ser devastador para las regiones.
El punto central del desacuerdo está en las rentas departamentales, que dependen en gran medida de los impuestos al consumo de licores, cigarrillos, cerveza y juegos de azar. El decreto de emergencia modifica el esquema de recaudo de estos tributos, lo que, según los gobernadores, reduce sus ingresos propios y limita su capacidad de ejecución presupuestal.
Impactos millonarios y preocupación regional
Las cifras expuestas por los mandatarios reflejan la magnitud del conflicto. Antioquia, por ejemplo, tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional bajo las nuevas reglas. En Boyacá, el impacto estimado asciende a 32.000 millones de pesos, recursos que hoy financian hospitales, programas sociales y proyectos deportivos.
El malestar no distingue líneas políticas. Incluso gobernadores cercanos al proyecto del Ejecutivo, como Luis Alfonso Escobar, se han sumado a las críticas, advirtiendo que el incremento del IVA a los licores —del 5 % al 19 %, con excepción de la cerveza— puede tener un efecto contraproducente, al incentivar el contrabando y debilitar el recaudo legal en zonas históricamente golpeadas por economías ilegales.
Estrategia jurídica en tres frentes
Ante lo que consideran un exceso del poder ejecutivo, los gobernadores han diseñado una estrategia jurídica y administrativa para enfrentar la emergencia económica.
El primer frente consiste en la interposición masiva de acciones de tutela, con el argumento de que la redistribución de recursos vulnera la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991.
El segundo frente, es la posible aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, que permitiría a los departamentos abstenerse de aplicar el decreto en sus territorios mientras la Corte Constitucional emite un fallo definitivo. Esta opción es liderada técnicamente por Antioquia y cuenta con el respaldo de departamentos como Valle del Cauca, Meta y Tolima.
El tercer eje es político e institucional: una delegación de gobernadores solicitará audiencia ante la Corte Constitucional para exponer, con cifras y estudios técnicos.
La Corte Constitucional estudia el Decreto
En paralelo al pulso entre el Gobierno y las regiones, la Corte Constitucional inició formalmente el control automático de constitucionalidad del decreto de emergencia. El expediente quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien ordenó la recolección de pruebas y solicitó información adicional al Gobierno.
La Corte deberá evaluar si las causas invocadas por el Ejecutivo —falta de liquidez fiscal, endeudamiento, no aprobación de la ley de financiamiento, seguridad ciudadana y desastres naturales— cumplen con los requisitos de imprevisibilidad, excepcionalidad y sobreviniencia que exige la Constitución para declarar un estado de emergencia. Este análisis podría tardar al menos un mes y no implica, por ahora, ni el aval ni el rechazo de la medida.
Mientras tanto, el encuentro del lunes se perfila como un intento de desescalar el conflicto y abrir un canal de diálogo entre la Nación y las regiones. El resultado de esa reunión será clave para definir si el pulso se resuelve en el terreno político o si, por el contrario, se traslada de lleno a los estrados judiciales, con consecuencias de largo alcance para el equilibrio fiscal y la relación entre el Gobierno central y los entes territoriales.