Reanudación del juicio contra Nicolás Petro Burgos con novedades clave: fiscal ratificada, nuevos cargos y defensa dice que el exdiputado no se estará presencialmente en el juicio.
Este martes 4 de noviembre se reanuda el juicio penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, en el cual la Fiscalía General de la Nación lo acusó por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso se adelanta en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, bajo la dirección del juez Hugo Junior Carbonó, quien ha advertido que “este despacho no se dejará presionar ni por los medios, ni por las redes, ni por la política. Aquí las decisiones se toman con base en el expediente y en la ley”.
En esta etapa procesal, el juez Carbonó deberá resolver uno de los puntos más relevantes del juicio: definir cuáles de las más de 800 pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa serán admitidas formalmente e incorporadas al juicio penal. Entre los elementos presentados figuran testimonios, peritajes, análisis de teléfonos celulares, documentos financieros, informes técnicos y material multimedia. La determinación sobre la pertinencia, legalidad y utilidad de cada prueba será clave para establecer el alcance probatorio del proceso y las líneas argumentativas que finalmente serán valoradas en la sentencia.
Nicolás Petro enfrenta actualmente un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Este viernes 7 de noviembre la Fiscalía adicionará nuevos cargos a la imputación inicial: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias peculado por apropiación y falso testimonio. Según investigación los contratos que estarían presuntamente comprometidos en los presuntos hechos de corrupción ascienden a más de $3.000 millones de pesos, suscritos en un lapso de aproximadamente dos años.
Ratificación de la fiscal del caso y nuevos cargos
La Fiscalía declaró infundada la recusación planteada por la defensa para apartar a la fiscal delegada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde Betancourt. Mediante resolución de la directora encargada de esa dirección, Sandra Liliana Meza Agudelo, se determinó que no se acreditaron las causales de imparcialidad invocadas por la defensa. Con dicha decisión, Laborde permanece al frente del caso.
Asimismo, la Fiscalía hace unas semanas anunció que adicionará nuevos cargos contra Petro Burgos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias peculado por apropiación y falso testimonio, basados en nuevos elementos de prueba. Además, el ente acusador solicita medida de aseguramiento carcelario para Nicolás Petro.
Declaraciones del abogado defensor Alejandro Carranza Cepeda
En entrevista con el canal Focus Noticias, el abogado Carranza explicó que su cliente participará en el proceso virtualmente, pues según su defensa “no tiene recursos porque no hay plata, la aerolínea no le permite comprar tiquetes”, y adujo que ello se debe a la inclusión de Petro Burgos en la llamada “lista Clinton”.
Carranza aseguró también que existen presuntos riesgos de seguridad vinculados al entorno del juicio, advirtiendo que uno de los investigadores del caso “estaría siendo indagado por presuntos vínculos con el Clan del Golfo”, lo que, según él, incrementa los peligros para su representado. En su versión, la Fiscalía habría designado inicialmente un fiscal que “no era de lavado de activos”, lo que pondría en cuestión la competencia técnica del proceso.
En la audiencia se pondrán sobre la mesa los elementos de prueba aportados por la Fiscalía y la defensa, y será el juez quien finalmente decida cuales serán presentados en juicio por las partes.
Contexto del juicio contra Nicolás Petro
Este se ha convertido en uno de los procesos más seguidos por la opinión pública: el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro Burgos, en el que la Fiscalía ha presentado 280 pruebas, entre ellas testimonios, peritajes, análisis de teléfonos celulares, material multimedia y documentos bancarios y fiscales.
La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, ha aportado 251 elementos de prueba, incluidos testigos, informes técnicos y peritajes contables. En total, el despacho del juez Carbonó han sido introducidas 863 pruebas, una cifra que refleja la complejidad y el alcance del proceso.
El caso contra el exdiputado del Atlántico surge de los señalamientos de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien denunció que su entonces pareja habría recibido dinero de empresarios y personas relacionadas con exnarcotraficantes con la promesa de destinarlo a la campaña presidencial de 2022, pero que finalmente —según la Fiscalía— fue usado para gastos personales y adquisición de bienes en Barranquilla.
Entre los aportes de la Fiscalía se destacan informes del CTI, la DIAN, la Asamblea del Atlántico y entidades bancarias que apuntan a un incremento patrimonial injustificado del exdiputado. También figuran registros de transferencias, chats, grabaciones y documentos que vincularían a Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”) y a Gabriel Hilsaca, hijo del empresario cartagenero “Turco” Hilsaca.
Estrategias opuestas: Fiscalía vs. Defensa
La fiscal Lucy Laborde, adscrita a la Dirección de Lavado de Activos, pero que desde hace unos meses fue trasladada del bunker de la Fiscalía a la Seccional Atlántico, sostiene que las evidencias son contundentes y que el acusado habría movido más de 1.050 millones de pesos de origen ilícito. “Los movimientos financieros no se corresponden con los ingresos reportados durante su ejercicio como diputado”, ha dicho en audiencia.
Por su parte, el abogado Carranza insiste en que el dinero provenía de fuentes lícitas y acusa a la Fiscalía de “abusar del derecho” al presentar informes con fuentes no verificadas. “Vamos a demostrar que los recursos entregados por el señor Hilsalca fueron totalmente legales”, afirmó.
La defensa también solicitó la declaración de figuras públicas como la exfiscal general Martha Mancera, el fiscal delegado Mario Burgos y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para cuestionar los métodos de recolección de evidencia.
Impacto institucional y político
El caso tiene una relevancia que trasciende lo judicial: al ser el hijo del presidente, las decisiones son observadas tanto por los medios de comunicación, como por la ciudadanía.
Por su parte, la defensa insiste en denunciar un presunto sesgo político del caso y busca desmontar la tesis fiscal de que los recursos investigados provienen de fuentes ilícitas y fueron destinados a beneficio personal.
