Los ministerios de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional radicaron ante el Congreso de la República el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), un instrumento legal innovador que busca dotar a la Armada Nacional de facultades judiciales inmediatas para actuar frente a delitos transnacionales en el mar.
La iniciativa permitirá detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en alta mar, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el proyecto otorga facultades de policía judicial ordinaria a la Armada Nacional para intervenir en casos de flagrancia, cuasi flagrancia o cuando existan evidencias de la comisión de delitos. “Se trata de una innovación importante que respalda jurídicamente las operaciones y evita la impunidad en el mar”, señaló.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Suárez, destacó que la medida hará más eficiente la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales. “Con este proyecto se nos permitirá garantizar el debido proceso y dar facultades de policía judicial a los guardacostas de la Armada Nacional”, sostuvo.
El contexto geográfico refuerza la necesidad de esta herramienta: el 40% del territorio colombiano es marítimo, por donde circula el 98% del comercio internacional del país y el 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Según organismos internacionales, el 80% de la cocaína que sale de Suramérica lo hace por vía marítima, lo que convierte al PEIMAR en un mecanismo clave para proteger la soberanía nacional.
Entre las principales novedades, el proyecto establece que:
-
El Cuerpo de Guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial.
-
Las capturas a más de 24 millas náuticas deberán ser legalizadas en un plazo máximo de 36 horas.
-
Se incorporarán audiencias virtuales desde las unidades navales, lo que permitirá mantener las operaciones en curso.
-
Los procedimientos incluirán inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación.
La Armada Nacional tendrá un plazo de seis meses para implementar las capacidades tecnológicas y de formación necesarias para aplicar el PEIMAR con estándares internacionales.
Con esta propuesta, el Gobierno nacional busca ofrecer un marco jurídico moderno y coordinado que fortalezca la lucha contra el crimen marítimo y blinde jurídicamente las operaciones de interdicción en el país.