Por Redacción Judicial
Las revelaciones sobre los hallazgos en computadores, memorias USB y celulares incautados a la estructura de alias Calarcá siguen generando repercusiones dentro del sector Defensa y los organismos de inteligencia. En esos archivos —que datan de julio de 2024 y fueron incautados durante un retén militar en Anorí, Antioquia— aparecen mencionados dos nombres que hoy están en el centro del escándalo institucional: el del general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal (Coper), y el del director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.
Ambos funcionarios fueron referenciados en comunicaciones internas de las disidencias de las Farc como presuntos facilitadores de contactos, movilidad y proyectos para crear una empresa de seguridad con la cual esa estructura armada buscaba amparar armas, hombres y vehículos blindados. Aunque las instituciones han negado cualquier vínculo, los documentos encontrados han encendido las alarmas sobre el nivel de infiltración que este grupo ilegal habría alcanzado en organismos estatales.
El general Juan Miguel Huertas Herrera: un oficial con poder interno y un pasado bajo investigación
El general Juan Miguel Huertas Herrera ocupa actualmente uno de los cargos más sensibles del Ejército: la jefatura del Comando de Personal (Coper), dependencia encargada de traslados, ascensos, retiros y nombramientos dentro de la Fuerza. Se trata de un puesto estratégico que concentra un alto nivel de influencia sobre la estabilidad de la tropa y la movilidad interna de oficiales y suboficiales.
Un regreso polémico al servicio activo
Huertas había sido retirado durante el gobierno de Iván Duque por decisión del entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Sin embargo, regresó a la institución tras las elecciones presidenciales de 2022, después de que manifestara públicamente su respaldo a la campaña de Gustavo Petro. Esa adhesión ya había generado discusiones sobre la relación entre la reserva militar y la política electoral.
Fue reincorporado en 2025 para asumir la dirección del Coper, un retorno que coincidió con su visibilidad en los archivos encontrados en poder de ‘Calarcá’.
Un oficial bajo el radar de la JEP por casos de ‘falsos positivos’
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abierto un expediente en su Sala de Definiciones Jurídicas en el que analiza la actuación del entonces mayor Huertas, quien entre 2002 y 2003 fue oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 4.
Varios exintegrantes de esa unidad lo mencionaron como una figura clave para entender ejecuciones extrajudiciales ocurridas en ese periodo, aunque la JEP no lo ha calificado como “máximo responsable”. Su caso sigue vivo y esa circunstancia ha sido señalada como un antecedente relevante frente a las nuevas menciones.
Los archivos de ‘Calarcá’ y las supuestas ofertas de apoyo
El reportaje de Noticias Caracol reveló que chats, correos, cartas y fotografías incautados a las disidencias mencionan al general Huertas como participante en conversaciones para:
- Brindar contactos en el sector Defensa.
- Facilitar movilidad y supuesta protección en retenes militares.
- Crear una empresa de seguridad que operaría en zonas de influencia guerrillera.
Los documentos señalan que Huertas, estando retirado, habría sostenido comunicaciones con emisarios de la estructura armada. No hay pruebas judiciales en firme, y hasta el momento la Fiscalía no ha iniciado una investigación formal pese a tener los archivos desde 2024.
Wilmar de Jesús Mejía: de contratista local a director de Inteligencia de la DNI
El otro nombre que emerge en los documentos es el de Wilmar de Jesús Mejía, hoy director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según los reportes internos de las disidencias, Mejía —apodado por esa estructura como el Chulo— habría tenido contactos con cabecillas de alias Calarcá.
La DNI, sin embargo, ha asegurado que los supuestos encuentros habrían ocurrido antes de que él ingresara a la entidad, el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia. Fue ascendido a director de Inteligencia el 20 de febrero de 2025.
¿Quién es Wilmar Mejía?
El funcionario, de 51 años y oriundo de Medellín, posee una trayectoria previa en temas de consultoría y contratos públicos a través de la empresa Iscon Group SAS, fundada en 2016 por él y dos socios más. Su firma suscribió varios contratos con los municipios de Argelia e Itagüí en Antioquia por labores de asesoría, planeación y evaluación de proyectos.
Antes de entrar a la DNI, Mejía también figuraba como delegado del Presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
La mención de ‘Calarcá’ y las acusaciones cruzadas
En chats incautados a esa estructura rebelde se señala que Mejía formaría parte de las supuestas gestiones para crear una empresa de seguridad al servicio de los disidentes. Un desmovilizado entrevistado por Noticias Caracol afirmó que el funcionario se habría reunido con “coroneles, estaciones de policía y comandantes” durante encuentros con la organización ilegal.
Los documentos reseñan que la disidencia lo conocía como el Chulo, un apodo que se le atribuía por su relación con “chulos” —término con el que, según el informante, se referían a oficiales militares.
La defensa de la DNI
La entidad publicó declaraciones asegurando que:
- No existe trazabilidad interna de alguna operación en la que Mejía haya tenido contacto con disidencias.
- No se dieron órdenes desde la dirección que autorizaran reuniones como las mencionadas en la prensa.
- La información incautada hace referencia a hechos que habrían ocurrido tres meses antes de su vinculación.
Además, la DNI anunció una investigación interna “exhaustiva y efectiva” para esclarecer los hechos.
¿Quién es realmente ‘el Chulo’? El alias que persigue a Wilmar Mejía
Dentro de los archivos incautados a la estructura de Calarcá, el alias de ‘el Chulo’ aparece con frecuencia asociado a un funcionario “con acceso directo a mandos de la Fuerza Pública”. Según los testimonios recogidos por Noticias Caracol, ese sobrenombre era utilizado por los disidentes para referirse a Wilmar Mejía, entonces un civil que se movía entre funcionarios locales y miembros activos y retirados del Ejército y la Policía. De acuerdo con un integrante de la organización ilegal, el apodo surgió porque Mejía solía reunirse con “chulos”, como ellos llamaban de forma coloquial a los oficiales a quienes consideraban oportunistas o cercanos a estructuras criminales.
Las comunicaciones internas de la disidencia lo describen como un personaje que ofrecía contactos, acompañamiento y gestiones burocráticas, y que tenía la capacidad de “abrir puertas” en instituciones públicas. Aunque no existe prueba judicial que confirme esas actividades, el volumen de menciones en los discos duros y las conversaciones recuperadas ha llevado a que el alias el Chulo se convierta en un elemento central del caso. La DNI ha insistido en que esas supuestas reuniones habrían ocurrido antes de su ingreso a la entidad, y que no existe trazabilidad de ninguna operación en la que él haya participado con la estructura de Calarcá. Sin embargo, la reiteración del apodo en los documentos ha alimentado las sospechas sobre su cercanía con redes de intermediación que funcionaban alrededor de ese grupo armado.
El origen del escándalo: los archivos de alias ‘Calarcá’
La detención del convoy de siete líderes disidentes en Anorí, en julio de 2024, permitió la incautación de material digital que, según Noticias Caracol, revela un nivel de infiltración sin precedentes en instituciones como:
- Fiscalía General de la Nación
- Ejército Nacional
- Policía Nacional
- Dirección Nacional de Inteligencia
En los mismos reposan menciones a supuestos aportes a la campaña presidencial de 2022, ofrecimientos de ayuda logística por parte de funcionarios estatales y estrategias para crear empresas fachada.
La Fiscalía no ha avanzado en investigaciones pese a tener los archivos desde hace más de un año, según la denuncia periodística.