El Ministerio Público pidió que el proceso continúe con el exdiputado en libertad y sostuvo que no representa un peligro para la sociedad, pese a la solicitud de detención intramural hecha por la Fiscalía en audiencia en Barranquilla.
La Procuraduría General de la Nación se opuso este lunes a que Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel de manera preventiva dentro del proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
La postura del Ministerio Público fue expuesta durante la audiencia de control de garantías adelantada en Barranquilla, en la que la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural, al considerar que el imputado se habría beneficiado de contratos amañados entre los años 2021 y 2022. Para la Procuraduría, aunque existen elementos que ameritan continuar la investigación, no se cumplen los requisitos legales para privarlo de la libertad mientras avanza el proceso.
Desde hace algunos meses el exdiputado vive con su familia en Bogotá en una casa fiscal.
La solicitud de la Fiscalía
Durante la diligencia, la fiscal Lucy Laborde pidió al juez de control de garantías Jorge Alberto Ortiz que imponga detención preventiva en establecimiento carcelario contra Petro Burgos, al señalar que habría intervenido de manera consciente y deliberada en la adjudicación irregular de dos convenios celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la fundación Fucoso.
Según la Fiscalía, el exdiputado habría obtenido beneficios económicos personales mediante la contratación pública, con la intermediación de su entonces pareja Day Vásquez, quien hoy actúa como testigo clave del ente acusador.
La fiscal sostuvo que los hechos investigados evidencian una conducta grave y reiterada, y que la influencia política y social del imputado justificaría una medida de aseguramiento privativa de la libertad para evitar riesgos procesales.
La intervención de la Procuraduría
Este lunes, la Procuraduría General inició su intervención en la audiencia, a cargo del procurador delegado Henry Bustos, quien anunció desde el inicio que el Ministerio Público no apoyaría la solicitud de cárcel formulada por la Fiscalía.
El delegado organizó su análisis delito por delito, frente a los cuatro cargos imputados en este proceso:
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Peculado por apropiación
- Tráfico de influencias
- Falsedad en documento público
En su exposición, Bustos reconoció que existen elementos que sugieren una posible participación de Nicolás Petro en la apropiación de recursos públicos.
“El Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”, señaló.
No obstante, aclaró que esa discusión corresponde al fondo del proceso y no es suficiente, por sí sola, para justificar una medida de aseguramiento intramural.
Reparos a los delitos imputados
El procurador también formuló observaciones frente a algunos de los delitos atribuidos por la Fiscalía. En particular, cuestionó la configuración del delito de tráfico de influencias, al considerar que no está claro cómo Nicolás Petro habría ejercido dicha influencia sobre los funcionarios encargados del proceso contractual.
“¿Cuál es la participación de Nicolás Petro en el tráfico de influencias, es decir, en ostentar esa condición frente a los servidores públicos encargados de realizar la operación administrativa de contratación?”, planteó Bustos.
En ese punto, el delegado sugirió que, según el material expuesto en audiencia, la figura que habría ejercido mayor influencia sería Day Vásquez, quien fungía como enlace directo con funcionarios y contratistas.
Asimismo, hizo reparos sobre el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, al advertir que existen similitudes con los argumentos ya expuestos por la Fiscalía en el otro proceso que enfrenta Nicolás Petro, relacionado con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que —según indicó— ameritaría una revisión por parte del ente acusador.
Por qué la Procuraduría se opone a la cárcel
El punto central de la intervención del Ministerio Público fue la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento intramural. Para la Procuraduría, los requisitos legales no se cumplen en este caso.
Bustos señaló que no se trata de una organización criminal ni de una conducta que permita inferir un riesgo futuro para la sociedad.
“No se puede inferir de manera razonable que, como posiblemente intervino en conductas punibles, ello conduzca a concluir que en el futuro el señor Nicolás Petro seguiría cometiendo actos delictivos”, afirmó.
Añadió que, aunque los delitos imputados pueden considerarse graves, ello no implica automáticamente la necesidad de una detención preventiva.
“Aunque los delitos de peculado, tráfico de influencias o interés indebido pueden parecer graves, sobre todo por el destino de estos recursos, que era la protección de personas de la tercera edad, de ello no se desprende que Nicolás Petro vaya a seguir desarrollando una actividad delictiva”, sostuvo.
Por esa razón, la Procuraduría solicitó que el proceso continúe con el imputado en libertad, bajo las condiciones que estime pertinentes el juez.
Relación con el otro proceso penal
El procurador Bustos también se refirió al hecho de que esta imputación corresponde al segundo proceso penal que enfrenta Nicolás Petro, luego de haber sido acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente apropiarse de 1.400 millones de pesos que, según la Fiscalía, habría recibido como aportes irregulares para la campaña presidencial de 2022.
Para la Procuraduría, la existencia de dos procesos no implica necesariamente una reiteración delictiva.
“Esta nueva imputación no significa que estuviera continuando una conducta delictiva. Por el contrario, ambos casos estarían correlacionados”, explicó.
Y concluyó:
“Por esta razón, el señor Nicolás Petro no sería un peligro para la sociedad”.
Decisión en manos del juez
Concluidas las intervenciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa, el juez de control de garantías deberá decidir en las próximas horas si acoge la solicitud de detención intramural, impone una medida menos restrictiva o permite que Nicolás Petro continúe el proceso en libertad.
La decisión marcará un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político del país, al involucrar al hijo del presidente de la República.
