En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por la nueva línea investigativa en el caso de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, la Procuraduría General de la Nación pidió este jueves que los cinco procesados sean enviados a detención preventiva en centro carcelario. El delegado del Ministerio Público sostuvo que la Fiscalía sí cumplió con los requisitos para sustentar la medida y que, por ahora, no procede una alternativa menos gravosa, ni siquiera la detención domiciliaria. Según su intervención, la exposición del ente acusador fue suficientemente detallada para justificar la privación de la libertad mientras avanza el proceso.
Durante la diligencia, la Procuraduría respaldó la tesis de la Fiscalía con base en videos, chats y declaraciones juramentadas allegadas al expediente. El delegado afirmó que ese material muestra que Juan Felipe Rincón habría sido sometido a dolores o sufrimientos físicos y psíquicos de notable intensidad, y llegó a calificar los hechos como “sádicos”. Para el Ministerio Público, las imágenes conocidas en esta etapa procesal permiten sostener, de manera preliminar, que sí existió un escenario de agresión extrema previo a la muerte del joven, lo que encaja con la nueva imputación por tortura formulada contra los implicados.
Los cinco investigados afrontan esta nueva actuación penal por los delitos de tortura, utilización de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno en actuación penal. La Fiscalía ya les había imputado esos cargos el 20 de marzo, dentro de una reconstrucción más amplia del caso, en la que aseguró que la agresión no fue un hecho espontáneo, sino el resultado de un supuesto plan criminal. Los procesados señalados en esa línea son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega y Solanggye Trujillo, mientras que la situación de otro de los vinculados quedó sujeta a una audiencia posterior por temas de defensa técnica.
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De acuerdo con la hipótesis expuesta por la Fiscalía en la audiencia anterior y retomada ahora para pedir la medida de aseguramiento, el caso habría comenzado con un engaño digital. El ente acusador sostiene que hubo contactos por TikTok e Instagram, incluido el uso de perfiles falsos, para acercarse a Juan Felipe Rincón y llevarlo al barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Según esa teoría, el grupo habría instrumentalizado a una menor y construido una trampa para conducir a la víctima al lugar donde finalmente fue atacada. La Fiscalía ha dicho que el móvil habría surgido tras señalamientos de contenido sexual atribuidos a Rincón respecto de una niña de 10 años, hija de una de las procesadas, aunque esa versión hace parte de la teoría del caso y será materia de debate judicial.
La reconstrucción fiscal indica que, tras un primer intento fallido de citarlo, Rincón terminó reuniéndose con una menor en un centro comercial y luego la llevó a su vivienda. Después, según la acusación, la adolescente fue usada para que él accediera a trasladarla de nuevo al barrio Quiroga. En ese trayecto se sumó el escolta del joven, pero, aun así, la Fiscalía sostiene que el plan continuó y desembocó en una agresión colectiva. La narración del ente acusador habla de una golpiza con puños, patadas y otros objetos, además de supuestas acciones posteriores para ocultar evidencia y orientar versiones dentro del proceso.
Ese punto es clave para entender el giro del caso. Durante meses, la investigación pública estuvo concentrada en quién disparó el arma que mató a Juan Felipe Rincón. De hecho, en 2025 la propia Fiscalía pidió la preclusión de la investigación por homicidio agravado contra Andrés Camilo Sotelo al concluir que el arma que portaba no era apta para disparar y que, según el material recolectado, quien accionó un arma de fuego en la escena fue el escolta de la víctima. Esa hipótesis no borró, sin embargo, las lesiones previas que presentaba el cuerpo del joven, y ese es justamente el espacio que ahora ocupa la nueva imputación por tortura.
En efecto, la necropsia practicada por Medicina Legal concluyó que Juan Felipe Rincón, de 21 años, murió por trauma torácico por proyectil de arma de fuego, con una hemorragia masiva incompatible con la vida. Pero el mismo informe dejó documentadas múltiples lesiones contundentes y abrasivas en cabeza, espalda y extremidades, y advirtió que esas agresiones físicas infligidas antes de la muerte debían ser esclarecidas judicialmente. Ese hallazgo forense es una de las bases del rediseño del caso por parte de la Fiscalía, que ahora busca demostrar que, incluso si la bala mortal provino de otra arma, hubo antes una agresión organizada y cruel contra la víctima.
En la audiencia de hoy no se conoció todavía una decisión definitiva del juez sobre la medida de aseguramiento, al menos en los reportes públicos revisados hasta ahora. Lo que sí quedó claro es que la Procuraduría se alineó con la Fiscalía y pidió cárcel preventiva para todos los procesados, al considerar que la gravedad de los hechos, la naturaleza de los delitos imputados y el material de prueba presentado hacen necesaria esa restricción de la libertad mientras avanza el proceso. La definición judicial sobre si acoge o no esa solicitud será determinante para el futuro inmediato del caso.
Contexto del caso
La muerte de Juan Felipe Rincón ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Las primeras versiones hablaban de una riña que terminó en balacera cuando el joven acompañaba a una menor hasta su vivienda. Con el avance de la investigación, la Fiscalía estableció que el escolta de Rincón hizo disparos y que el arma atribuida inicialmente a uno de los señalados no era apta para accionar proyectiles, lo que debilitó la hipótesis inicial de homicidio directo contra ese procesado.
Sin embargo, en 2026 el caso tomó un nuevo rumbo. La Fiscalía planteó que antes del disparo hubo una emboscada y un presunto plan de represalia contra el joven, ejecutado por varias personas mediante engaños por redes sociales, uso de perfiles falsos, presunta instrumentalización de una menor, golpiza, ocultamiento de pruebas y supuestos intentos de influir en testigos. Bajo esa nueva línea, el expediente dejó de centrarse exclusivamente en el proyectil mortal y pasó a examinar si Juan Felipe Rincón fue víctima de tortura antes de morir. (