Un contrato, tres cancilleres y nuevas investigaciones: el caso pasaportes sigue sacudiendo al Gobierno Petro
El controvertido proceso de contratación para la producción de pasaportes en Colombia vuelve a ser tema en el país. A escasos días de haberse firmado una nueva prórroga con la firma Thomas Greg & Sons por ocho meses más, la Procuraduría General de la Nación ha decidido ampliar el alcance de la investigación disciplinaria que salpica directamente a la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y a otros seis funcionarios del alto gobierno.
Este escándalo ya ha costado la salida de tres cancilleres: Álvaro Leyva, Gilberto Murillo y Laura Sarabia. También llevó a una sanción de tres meses contra Alfredo Saade, exjefe de Despacho Presidencial y figura cercana al presidente Gustavo Petro, por actuaciones consideradas “indebidas” durante el proceso.
El nuevo capítulo: vigencias futuras y subcontratación irregular
En un comunicado emitido desde el Ministerio Público, se confirmó que el proceso abierto el pasado 29 de julio contra la canciller Villavicencio se centrará ahora también en la firma del convenio con la Imprenta Nacional de Colombia, en el cual se habrían cometido varias irregularidades de carácter administrativo y presupuestal.
Entre los puntos más delicados se encuentra la presunta omisión de un proceso de selección competitivo. La Imprenta Nacional, que según los documentos no cuenta con la capacidad técnica para cumplir el objeto contractual, tendría que subcontratar servicios claves, lo cual pondría en duda la transparencia del modelo implementado.
«La Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual.El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio«
Además, se investigará un compromiso anticipado de vigencias futuras excepcionales —por fuera del periodo del actual Gobierno— lo que podría constituir una infracción a las normas fiscales y presupuestales del Estado. Esta decisión habría generado un giro estructural en la política de expedición de documentos para colombianos en el exterior, sin que mediara la correspondiente autorización.
Seis nuevos funcionarios vinculados
Como parte de la ampliación de la investigación, la Procuraduría vinculó a seis funcionarios más, entre ellos altos cargos de la Imprenta Nacional de Colombia:
- Julián David Peña Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica
- Olga Lucía Ruiz Mora, subgerente administrativa y financiera
- Jaime Berdugo, delegado del Ministerio del Interior
- Luis Alberto Sanabria, delegado del Ministerio de las Culturas
- Dora Ojeda Roncancio, delegada del Ministerio de Educación
- Ricardo Arque Benavides, delegado de la Presidencia ante la junta directiva
Todos habrían participado en la aprobación del convenio con Portugal, a través de decisiones de junta que ahora están bajo la lupa por presuntos vicios de procedimiento.
Contrato renovado con Thomas Greg
Mientras avanzan las investigaciones, el pasado 27 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons —ahora bajo la razón social de UT Documentos de Viaje 2026— por un valor de 161 mil millones de pesos. La contratación se hizo bajo la figura de urgencia manifiesta y tendrá vigencia de ocho meses a partir del 1 de septiembre.
«Para la vigencia 2025 $ 80.922’275.648 y para la vigencia del 2026: $80.368’516.992,00 lo cual asciende a la cifra de total de presupuesto estimado de ciento sesenta y un mil doscientos noventa millones setecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta pesos”, contrato pasaportes
Los recursos provendrán en su mayoría de vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Esta prórroga, la tercera desde que se desató la crisis contractual en 2023, busca evitar que los colombianos se queden sin pasaporte mientras se completa la transición a un nuevo modelo con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal.
El complejo convenio con Portugal
Cabe recordar que el Gobierno también firmó un contrato con la Imprensa Nacional Casa Da Moeda S.A. de Portugal, por un valor estimado de 1,3 billones de pesos, con vigencia de diez años. En este periodo, la entidad portuguesa se encargará de suministrar las libretas de pasaportes, mientras la Imprenta Nacional colombiana irá asumiendo gradualmente la personalización y expedición.
Sin embargo, la Procuraduría advierte que el aporte económico de la Casa de la Moneda no supera el 50 % del valor del convenio, lo que podría haber violado las normas que rigen la contratación con organismos internacionales.
Una transición con tropiezos
El camino para sacar a Thomas Greg del negocio de los pasaportes ha sido, en palabras de varios funcionarios, un verdadero calvario. A pesar de los reiterados anuncios del Ejecutivo sobre el deseo de “estatalizar” la producción ninguno de los cancilleres ha logrado materializar ese propósito.
Incluso el presidente Gustavo Petro declaró públicamente su rechazo a una nueva prórroga del contrato con la firma privada. Pero ante la imposibilidad operativa de la Imprenta Nacional de asumir la tarea, no hubo otra opción.
Lo que viene
La Sala Disciplinaria de Instrucción será la encargada de decidir si hay méritos para sancionar a los nuevos investigados. Por su parte, la opinión pública sigue expectante frente a un caso que, más allá de los tecnicismos legales, ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para manejar de forma autónoma y transparente uno de los servicios públicos más fundamentales: la expedición del pasaporte.