El General en retiro Tito Yesid Castellanos Tuay, fue director (e) Nacional de la Policía, Director de Antinarcóticos y director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ha sido citado a declarar por la Procuraduría General de la Nación. Este llamado se da en el marco de una investigación que destapó una red de corrupción liderada por Ricardo Orozco Baeza, alias «El Bendecido». La red operaba en Buenaventura y Cartagena, controlando el ingreso ilegal de contenedores mediante millonarios sobornos.
La investigación señala que «El Bendecido» manejaba una sofisticada operación para introducir contenedores de manera ilegal, ofreciendo grandes sumas de dinero a funcionarios corruptos. La Procuraduría está centrada en desmantelar esta red y entender las ramificaciones que puedan existir en diversas instituciones, incluido el INPEC.
El Brigadier General Tito Castellanos, un oficial con trayectoria en la Policía Nacional, fue citado debido a su presunto conocimiento de actividades ilegales durante su gestión. Aunque Castellanos ha negado rotundamente cualquier vínculo con los hechos investigados, su comparecencia es crucial para aclarar su papel y posibles omisiones en el control de la corrupción.
En relación con los uniformados acusados —Pablo Andrés Uribe, Carlos Mario Montoya, Andrés Felipe Osorio y el patrullero Elkin José Tovio—, Castellanos ha afirmado no tener ninguna relación con ellos ni con las actividades ilícitas señaladas.
El General Castellanos describió su trayectoria en la Policía Nacional y en el INPEC, detallando que ocupó el cargo de Director de Antinarcóticos y luego fue subdirector antes de asumir la dirección del INPEC. Durante su gestión, asegura haber actuado con integridad, pero reconoce que el entorno de corrupción que enfrenta el país es un desafío constante.
Un punto de particular interés para la investigación es el patrimonio de Castellanos y su familia, que asciende a más de 2.000 millones de pesos. El general en retiro ha explicado que esta suma se debe a una liquidación recibida por su esposa.
La Procuraduría busca esclarecer si funcionarios y oficiales estaría relacionados con las operaciones ilegales de «El Bendecido» y determinar si hubo complicidad o negligencia por parte de altos funcionarios del Estado.