Procuraduría abrió investigación por red de corrupción en la DNP

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó una Asignación Especial para el caso de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incautada con 168 panelas de estupefacientes en su interior y determinar si hubo participación de funcionarios públicos en los hechos.

Blindajes falsos a cargo de la UNP.

 El ente de control iniciará indagación contra servidores públicos por determinar al interior de la Unidad Nacional de Protección y demás entidades involucradas en presuntas irregularidades relacionadas con falsos blindajes de vehículos que son administrados por la UNP.
La Procuraduría realizará una inspección para esclarecer los hechos y recolectar la documentación necesaria.
 La Procuraduría General de la Nación, también inició indagación previa por presuntos hechos de corrupción relacionados con falsos blindajes de vehículos que son administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), varios de ellos destinados a la seguridad de líderes y defensores de derechos humanos.
El ente de control ordenó una inspección disciplinaria en las oficinas de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de recibir información, recolectar los procesos contractuales de los blindajes de vehículos denunciados, esclarecer los hechos y obtener la documentación relacionada con las presuntas irregularidades, así como las demás pruebas que sean necesarias para la individualización de los presuntos autores.
De acuerdo al auto de apertura, la Procuraduría solicitó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, un informe detallado con los registros de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos irregulares expuestos durante el debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República relacionados con el blindaje de vehículos que están bajo la administración de la entidad.
Al parecer, la camioneta fue inmovilizada en el municipio de Caloto, Cauca, en la que se habrían encontrado 150 kilos de cocaína; la cual presuntamente a la fecha pertenece al esquema de protección de un funcionario.
Igualmente, se busca establecer si algunos servidores tendrían nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de  drogas ilícitas en la zona de los hechos y en el país, tras denuncias publicadas en diferentes medios de comunicación.