La Contraloría General de la República lanzó una seria advertencia sobre la situación fiscal y presupuestal del país de cara a 2026, al identificar riesgos estructurales que podrían afectar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Tras analizar el comportamiento fiscal a octubre de 2025 y revisar el presupuesto aprobado para la vigencia 2026, el ente de control expresó su preocupación por tres factores centrales: el rezago en el recaudo tributario y los bajos niveles de ejecución del gasto, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal sin un plan de ajuste creíble, y la alta incertidumbre del presupuesto de 2026, que depende de una reforma tributaria aún en trámite.
De acuerdo con la Contraloría, el recaudo tributario neto a octubre de 2025 alcanzó apenas el 95,8% de la meta fijada por la DIAN, lo que representa una desviación de cerca de $9,8 billones frente a lo esperado. Para el organismo de control, este desfase evidencia un rezago importante que obliga al Gobierno a redoblar esfuerzos en los últimos meses del año, apoyándose en los tributos pendientes de pago y en una eventual recuperación económica.
En paralelo, preocupa la baja ejecución del gasto público. A octubre de 2025, solo se había comprometido el 67,2% del presupuesto total, con un desempeño especialmente débil en la inversión, cuya ejecución apenas llegó al 46,6%, un comportamiento similar al registrado en 2024. La Contraloría advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar nuevamente altos niveles de pérdidas de apropiación y constitución de reservas presupuestales, reflejando una baja eficacia del gasto que no se traduce en bienes y servicios para la ciudadanía. Por ello, instó al Ministerio de Hacienda a realizar ajustes presupuestales antes del cierre de la vigencia fiscal.
El panorama se agrava con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, revelada por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Esta decisión, tomada ante la falta de alternativas fiscales inmediatas y la elevada rigidez del gasto público, permitirá un mayor gasto y un incremento del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, que para 2025 se proyecta en 7,1% del PIB, superando los límites establecidos por la regla fiscal.
Aunque para 2026 se espera una reducción del déficit total al 6,2% del PIB, la Contraloría alertó que el déficit primario aumentaría, pasando de -1,45% a -1,97% del PIB, pese a un mayor recaudo esperado por una reforma tributaria estimada en $16,3 billones y una disminución en el pago de intereses. Este deterioro, también cuestionado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, preocupa al ente de control ante la ausencia de un plan claro para retornar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal.
En materia de deuda, la Contraloría señaló que para 2025 se estima una deuda neta equivalente al 61,3% del PIB, superando en 6,3 puntos porcentuales el ancla fiscal. Aunque la estrategia oficial prevé un pico del 64% del PIB en 2027 y una reducción gradual hasta 2036, el organismo advirtió que la brecha entre las tasas de interés reales y el crecimiento económico podría dificultar el cumplimiento de esa trayectoria.
La incertidumbre se profundiza con el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $546,9 billones, un 4% más que en 2025, frente a ingresos estimados por $530,7 billones. Este desbalance implícito de $16,3 billones se pretende cubrir con una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada, lo que, según la Contraloría, introduce riesgos fiscales y presupuestales significativos.
Además, el ente de control cuestionó las estimaciones de recaudo tributario, al advertir contradicciones entre el crecimiento económico proyectado —2,7% para 2025 y 3% para 2026— y una reducción esperada del recaudo del 1,8%. A su juicio, no resulta coherente que, con una economía en expansión durante dos años consecutivos, los ingresos tributarios disminuyan, por lo que solicitó explicaciones al Ministerio de Hacienda.
Finalmente, la Contraloría alertó sobre el crecimiento del gasto de funcionamiento, que aumenta 8,8%, por encima del crecimiento nominal del PIB, sin una estrategia clara de racionalización. Aunque reconoció mejoras en la gestión de la deuda, insistió en que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso y reformas estructurales que fortalezcan el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.