El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, luego de que el Ministerio de Justicia hiciera público el borrador del proyecto de ley que busca convocarla. A través de sus redes sociales, el mandatario insistió en que su objetivo no es “refundar” el Estado, sino permitir que el pueblo participe para que la Constitución de 1991 se cumpla plenamente.
“No estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991.
Pero como usted dice, hay que desarrollarlo, y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional.
Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva realidad”, escribió el presidente Petro.
En un segundo mensaje, el jefe de Estado explicó cómo avanzará el proceso y cuál será el papel de las organizaciones sociales:
“El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas.
El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano.”
El borrador del proyecto: una iniciativa popular con 3 millones de firmas
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el borrador de proyecto de ley es un punto de partida que deberá ser discutido y eventualmente asumido por los sectores sociales que decidan promoverlo formalmente. El funcionario precisó que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente solo podrá avanzar si se recolectan tres millones de firmas ciudadanas, requisito establecido para una iniciativa popular legislativa.
Montealegre subrayó que su papel fue únicamente presentar un “elemento de trabajo”, que servirá de base para que los sectores interesados construyan colectivamente el texto final. De acuerdo con el ministro, el proyecto busca reformar la Constitución de 1991, aunque con límites claros: no se podrán eliminar ni reducir los derechos fundamentales ni los derechos sociales ya reconocidos.
Los principales puntos del borrador
El documento establece que la Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por 71 delegatarios, elegidos por voto popular, quienes sesionarían durante tres meses. Aunque tendría amplia libertad temática, no podría revocar al Congreso ni desconocer los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
La composición de la Asamblea busca garantizar representación y paridad de género, distribuyendo las curules así:
- 44 delegatarios por circunscripción nacional
- 2 del pueblo afrodescendiente
- 2 del pueblo indígena
- 2 del campesinado
- 2 de las víctimas del conflicto armado
- 2 de los sindicatos
- 2 de los jóvenes
- 2 del pueblo Rrom
- 2 del pueblo raizal y palenquero
- 6 del pueblo colombiano en el exterior
- 2 madres cabeza de familia
- 3 del pueblo LGBTIQ+
En todos los casos, la mitad de los delegatarios deberán ser mujeres. La instalación se realizaría 30 días después de los resultados electorales.
Facultades extraordinarias y consulta nacional
El borrador también prevé que el Presidente de la República cuente con facultades extraordinarias durante seis mesespara expedir decretos con fuerza de ley que reglamenten la convocatoria y los requisitos de elección de los delegatarios.
Además, plantea que antes de la convocatoria formal se realice una consulta nacional con dos preguntas:
- Si los ciudadanos aprueban la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con las condiciones propuestas.
- Si autorizan que esta reforme la totalidad de la Constitución sin disolver el Congreso, garantizando los derechos fundamentales y el respeto a los tratados internacionales.
Un proyecto en medio del debate político
La propuesta de Constituyente surge en un contexto de tensión institucional. El Gobierno ha denunciado un “bloqueo” por parte de diversos sectores que, según el presidente Petro, han obstaculizado la aprobación de sus principales reformas sociales y económicas.
El mandatario sostiene que el pueblo debe asumir el papel de constituyente primario para que las promesas de la Carta de 1991 —en especial las relacionadas con el Estado Social de Derecho— se hagan efectivas.
Mientras tanto, el Congreso y la oposición analizan las implicaciones políticas y jurídicas de una eventual Asamblea Constituyente que, aunque nacida de la iniciativa popular, contaría con el impulso del propio Gobierno Nacional.