El presidente Gustavo Petro, anunció que convocará a una consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral y de la salud. Este anuncio se dio tras el eventual hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, lo que el mandatario calificó como un «bloqueo institucional».
En su alocución presidencial del martes 11 de marzo, Petro criticó a los senadores de la Comisión VII, quienes radicaron una ponencia de archivo contra la reforma laboral. «La Comisión Séptima decidió engañar al gobierno y al pueblo trabajador, defender al rico y no a Jesús«, afirmó el presidente. Además, señaló que existe «un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022» y que este debe ser superado para garantizar la democracia en el país.
El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud«: Gustavo Petro
Según Petro, la consulta popular permitirá que sea la ciudadanía la que respalde o rechace estos proyectos de reforma. «El bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la decide el pueblo. El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud«, enfatizó.
Petro convoca a Consulta Popular
El trámite de la consulta popular está contemplado en la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 103. Para que esta pueda llevarse a cabo, el presidente debe contar con la firma de todos los ministros y la aprobación del Senado. En caso de que el Senado apruebe la consulta, al menos 13,3 millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas, y la mitad más uno deberá votar a favor para que la decisión tenga efecto vinculante.
El anuncio del presidente Petro llega en un contexto político marcado por el inicio del periodo preelectoral, lo que ha llevado a analistas a interpretar esta movida como un anticipo de la contienda electoral del 2026. Sin embargo, el mandatario insiste en que su intención es darle voz al pueblo y desbloquear las reformas que, según él, han sido obstaculizadas en el Congreso.
«El bloqueo institucional se le responde con democracia real y la decide el pueblo. El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado pero ya en una comisión, no de ocho, sino en plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa pero no para definir el contenido del proyecto ya sino para decidir si se convoca al pueblo o no«: Presidente Gustavo Petro
Desde 1994, en Colombia se han presentado 30 iniciativas de consulta popular, pero solo 16 lograron avanzar hasta la votación. La más reciente fue la «Consulta Anticorrupción» en 2018, cuyo objetivo era fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
La decisión de convocar a esta consulta popular abre un nuevo capítulo en la lucha política del gobierno Petro, quien busca llevar adelante sus reformas pese a las dificultades en el Legislativo. Ahora, la atención se centra en el Senado, que deberá decidir si permite o no que la ciudadanía tome las riendas en este debate crucial para el país.
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¿Qué es la consulta popular ?
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite someter una pregunta de interés general a votación. Puede ser convocada por el presidente de la República, gobernadores o alcaldes, según el nivel de impacto (nacional, departamental o municipal).
A nivel nacional, el presidente puede convocarla con la firma de todos los ministros y la aprobación del Senado. Para ser válida, debe contar con la participación de al menos un tercio del censo electoral, y su resultado será vinculante si obtiene la mayoría absoluta de votos afirmativos.
Este mecanismo, regulado por la Constitución (artículo 103) y la Ley 1757 de 2015, no permite modificar la Constitución ni incluir proyectos de articulado. La consulta debe formular preguntas claras que puedan responderse con “Sí” o “No”.
Una vez aprobada por el Senado, debe realizarse en un plazo máximo de cuatro meses. La última consulta popular en Colombia fue en 2018 sobre medidas contra la corrupción.